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 Sucede que la jueza federal electoral María Servini tiene una causa para aprobar o rechazar los informes de campaña del FPV; su colega Ariel Lijo tiene otra por lo mismo pero por el delito de lavado de dinero; y Oyarbide indaga esos aportes en la causa de la mafia de los medicamentos. Por éstos indagará a Capaccioli, Gramajo y Diez, entre otros. A tres años de esas elecciones del 28 de octubre de 1997, el fiscal electoral Jorge Di Lelo hasta ahora solo resolvió “no aprobar” por ahora el informe el oficialismo, entre otros.

Según la vieja ley de financiamiento de los partidos, si Servini -quienes estuvo varias semanas fuera de su juzgado por problemas personales- rechaza el informe, una de las sanciones que podría sufrir el FPV es no recibir aportes del ministerio del Interior para las presidenciales del 2011 . Pero Di Lelo no puede avanzar porque “tiene que esperar” que el juez Lijo determine si hubo lavado de dinero en aportes como: Gabriel Brito, excarcelado la semana pasada por la Cámara, quien aparece aportando 310 mil pesos que dice no eran suyos sino de Néstor Lorenzo.

El asesinado empresario Sebastián Forza, en el Triple Crimen de General Rodríguez, figura aportando $ 200 mil, pese a tener decenas de cheques rechazados.

El ex agente de la SIDE Julio César Posse, un monotributista, “aportó” 170 mil pesos. Sucede que todos estos aportes fueron recibidos por Gramajo y Diez, responsables político y financiero del informe del FPV, con el padrinazo de Capaccioli. Ahora Lijo tema que su causa sea finalmente absorvida por la de Oyarbide , a pesar de que la Cámara Federal le ordenó que siga adelante con un caso independiente, creando un nudo kafkiano.

fuente clarin