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"Los troqueles se corresponden con los indubitables de laboratorio", dice el informe, según pudo saber Clarín de fuentes judiciales. Los troqueles supuestamente adulterados eran una de las pruebas del juez federal Norberto Oyarbide contra los acusados de integrar la llamada "mafia de los medicamentos".

La actuación del juez ya despertó varias quejas de los imputados. El propio Zanola, por ejemplo, dijo ser víctima de "una moderna inquisición" y acusó a Oyarbide de haberse manejado con "informaciones falsas y testimonios interesados" al reclamar ayer, nuevamente, su excarcelación. En la causa hay muchas declaraciones de identidad reservada presuntamente aportadas por la oposición a Zanola, además de pruebas.

El lunes el magistrado convocó al empresario Néstor Lorenzo para continuar con la declaración indagatoria que había iniciado el 2 de diciembre y que se interrumpió a la medianoche de ese día. Entre un acto y otro ¿en realidad el mismo acto, una indagatoria¿ pasaron veinte días. Lorenzo sigue preso a la espera de saber si es procesado.

También fueron trasladados a Comodoro Py el mismo día la esposa de Zanola, Paula Aballay, y la secretaria de Lorenzo, María Victoria Berisso, y otra mujer que trabajaba en la obra social bancaria, Susana Fionna. Según fuentes judiciales, Aballay se quejó porque no le exhibían las pruebas de su supuesta intervención en la elaboración de las carpetas APE. El juez investiga si en el gremio conducido por Zanola se fraguaron expedientes sobre supuestos tratamientos complejos para cobrar reintegros del Ministerio de Salud a través de la Administración de Programas Especiales (APE).