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Las principales discusiones que el Gobierno priorizó en los últimos meses contrastan con las preocupaciones de la opinión pública. Las dos agendas que mantiene el oficialismo, una más progresista, encabezada por el presidente Alberto Fernández, y otra centrada en la Justicia,impulsada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, no figuran entre las prioridades de la población. Según las encuestas, aunque los ciudadanos están a favor de discutir las iniciativas, consideran en su mayoría que este no es el momento para hacerlo.
Un sondeo nacional de la consultora Synopsis del mes pasado señala que las principales preocupaciones de la opinión pública radican en superar la crisis económica (65,3%), controlar la pandemia de coronavirus (18%) y luchar contra la inseguridad (9,8%). La reforma judicial apenas obtuvo el 5,9% de las respuestas.
Según el último relevamiento Management & Fit, en tanto, el problema más importante que enfrenta el país hoy es la corrupción (35,2%), seguido de la inflación y la suba de tarifas (14,3%), la pobreza (12,8%), la inseguridad (12,7%) y la desocupación (12,3%). La salud pública, que puede relacionarse a la discusión por la legalización del aborto, figura última (1,2%).
“No es la primera vez que las agendas no están en sintonía, suele pasar. Eso es parte de la divergencia que hay entre las preocupaciones de la dirigencia política y las de la gente. En esa divergencia es donde después se ve la valoración y la poca confianza que la gente tiene en las instituciones. La agenda hoy de la política va por carriles muy separados a los de la opinión publica”, señaló a LA NACIONMariel Fornoni, de Management & Fit.
Aresco, por su parte, revela que una mayoría cree que la reforma judicial debe tratarse más adelante o directamente no discutirse. El 24,1% se inclina por la primera opción, mientras que el 32,6% eligió la segunda. El 35,5%, en tanto, cree que este sí es el momento para debatirla.
El informe más reciente de Opinaia indica, además, que los proyectos que impulsa el sector más afín al Presidente, como la legalización del aborto o la despenalización del consumo de marihuana, no deberían ser tratados en este contexto.
La consultora señala que en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, un 72% de los casos cree que debe debatirse, pero solo un 24% cree que debería ser urgente. Lo mismo ocurre con la despenalización del consumo de marihuana, donde el 74% cree que debe debatirse en el Congreso, pero solo el 14% cree que debe debatirse ahora.
El Gobierno todavía no puso esta última cuestión al tope de la agenda pero sí evalúa desde hace meses alternativas para enviar al Congreso un proyecto para despenalizar el consumo y cultivo de marihuana.
En el mismo sentido, la consultora Move también reflejó en su estudio nacional de este mes que la mayoría (63%) piensa que no es momento para legalizar el aborto, mientras que el 25% cree que sí lo es. Los números son distintos de octubre, cuando el porcentaje de los que se oponían a discutir el proyecto ahora era mucho mayor (78%) y el apoyo menor (18%).
Las diferencias entre las intenciones de la dirigencia y las expectativas de la población se evidenció también en el debate por la reforma judicial, que todavía el Congreso no convirtió en ley. Lucas Romero, de Synopsis, señaló que existen dos cuestiones a tener en cuenta en el caso particular de la embestida kirchnerista contra la Justicia.
“Una es la relevancia coyuntural en un contexto económico y sanitario tan complejo. Es difícil imaginar que, en este contexto, repensar el diseño institucional de la Justicia sea prioridad. La coyuntura no ayuda a que la reforma sea un tema prioritario”, señaló. Y agregó: “El otro problema es el reputacional. No es precisamente este Gobierno el más indicado para plantear reformas judiciales siendo que su vicepresidenta y figura fuerte de la coalición enfrenta tantos problemas en la Justicia”.
“Cuando ves confianza en las instituciones, la Justicia es la peor valorada y eso no es casual. Tampoco lo es que entre las principales preocupaciones aparezca la corrupción. En un momento de situación económica y sanitaria muy preocupante, que tanta gente esté mirando y preocupándose por la corrupción es porque evidentemente está entrelazado con una Justicia que no responde a los intereses que deberían responder”, agregó Fornoni.
Romero aclaró, en tanto, que las prioridades de los políticos no siempre deben estar en perfecta sintonía con las de la población. “No necesariamente tiene que coincidir la prioridad de la gente con la de los dirigentes. Pudiera ser el caso que los dirigentes interpreten que determinado tema es relevante para el interés publico y la gente no lo sienta así y está bien que la dirigencia no le lleve el apunte a la gente. El político tiene que definir según sus convicciones cuales son los temas relevantes”, dijo.
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