El traumatólogo Gonzalo Cardozo y el cirujano Rafael Mariano Rico, del Nuevo Sanatorio Berazategui, imputados por “lesiones culposas” tras haber participado de la operación en la que le amputaron una pierna
sana a una mujer de 66 años internada por complicaciones derivadas de la diabetes “pueden seguir ejerciendo”, dijo la fiscal Karina Santolín.
Los responsables del procedimiento declararán luego de que se realicen las pericias médicas mientras tanto depende de la clínica si continúan o no atendiendo.
“Por el momento, sino tienen antecedentes penales la pena puede llegar a ser una multa o de 1 mes a tres años de prisión y el tiempo de inhabilitación para ejercer de entre uno y cuatro años”, dijo la fiscal en declaraciones a TN.
Magdalena, de 67 años, fue víctima de una mala praxis en una clínica de Berazategui.
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Además, informó que no mantuvo ningún tipo de contacto con las autoridades del Sanatorio y que “no le consta” que en la historia clínica haya un informe realizado por otro sanatorio que exprese que no era necesaria la amputación, que fue una de las versiones que circuló en las últimas horas.
“Habría que hacer una junta médica para determinar eso”, remarcó.
En tanto, la hija de la víctima, Mayra Fernández, contó que este jueves fue trasladada a la Clínica Urquiza para realizarle una arteriografía, un estudio de imagen para conocer el estado de sus arterias, y que luego seguirá internada en la clínica Ceni de Quilmes. Allí se evaluará si será sometida, o no, a la amputación de la pierna enferma.
A diferencia de un “homicidio culposo”, como fue caratulada la causa por la muerte de la periodista y legisladora Débora Pérez Volpin durante una endoscopía, en este caso, el artículo 94 del Código Penal establece para las lesiones culposas un máximo de 3 años de prisión. “Es un delito que no es pasible de prisión. En caso de que se considere que existieron agravantes como para que las lesiones se contemplen como gravísimas, la pena puede ser de 6 meses a 3 años, pero en ningún caso debe cumplirse prisión efectiva”, había explicado el miércoles a Clarín la titular de la fiscalía.
“También puede condenarse a los imputados al pago de una multa. Según los valores de 2017, esa multa rondaba un máximo de 15.000 pesos: se actualiza por la inflación”, sumó Santolin. A la vez, una condena por lesiones culposas puede implicar inhabilitación profesional por entre uno y cuatro años, según la fiscal.
Con datos de Télam