Un hombre
Se trata de Julio Antonio Dávila Ríos, quien a las 19 partió desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a la ciudad peruana de Lima.
El Gobierno busca acelerar la expulsión de los extranjeros que delinquen
Según relataron los voceros a la agencia Télam, Dávila Ríos fue aprehendido el pasado martes por efectivos de la Policía de la Ciudad, acusado del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
El ciudadano peruano, que a mediados de 2015 había ingresado al país como turista por el paso fronterizo La Quiaca – Villazón, había sido condenado en 2015 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Mercedes por los delitos de tenencia de estupefacientes, portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento.
Por este motivo, el organismo dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda declaró el miércoles irregular la permanencia de Dávila Ríos en el territorio nacional, ordenó su expulsión y prohibió su reingreso con carácter permanente, decisión que fue consentida por el hombre tras ser notificado ese mismo día.
En este sentido, el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 21, a cargo de Cristina Lara, que intervino en la causa tras la detención del imputado, convalidó el acuerdo arribado por las partes y habilitó a la DNM a avanzar con la deportación del delincuente.
Embajadas interceden ante el Gobierno por ‘listas negras’
En el marco de la política migratoria que impulsó la administración de Mauricio Macri, en los últimos tres años se expulsó a 1433 ciudadanos de nacionalidad extranjera con causas penales vigentes, según cifras oficiales de la DNM.
En 2017 el presidente Macri modificó por decreto la Ley 25.871 de Migraciones con el objetivo de “ser restrictivo” con los extranjeros que comentan delitos en el país. El decreto incluyó una serie de requisitos para los extranjeros que quieren ingresar al país, como la prohibición para aquellos que cuentan con antecedentes penales en su país de origen. Asimismo, modificó los plazos administrativos para agilizar los procesos de expulsión, que hasta ese momento podían demorar hasta 6 años. Pese a ello, ese DNU fue impugnado por distintos sectores, desde lo político y también en el ámbito judicial. Sin embargo, pese a las trabas que se le presentaron, el Gobierno presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que aún debe definir sobre la cuestión.
MS/ CP