La causa conocida como los cuadernos de las coimas tuvo avances durante la feria judicial. Indagatorias, nuevas medidas de prueba, detenciones, y en puerta una serie de procesamientos vinculados al entorno
de Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner que constituyó quince empresas para lavar U$S 70 millones. Además, se avecina un nuevo llamado a indagatoria para Cristina Kirchner, ex funcionarios y empresarios vinculados a la obra pública.
El juez Bonadio dio por comprobada “la existencia de una organización delictiva” planteada por la “recaudación de coimas” que inició con Néstor Kirchner y que “continuó durante la gestión” de la actual senadora. Cristina Kirchner quedó procesada como jefa de la asociación ilícita y se la encontró responsable como coautora de recibir dádivas y de cohecho pasivo (cobrar coimas). El embargo inicialmente fue de $ 4.000 millones pero la Sala I de la Cámara federal porteña, lo fijó en $ 1.500 millones.
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Con esta estructura como marco principal, el magistrado dio lugar a tres expedientes más ya que entendió que la maniobra se desplegó desde el ex Ministerio de Planificación hacia las plantas inferiores de la Administración Pública, “para procurar la afluencia de dinero”. Se celebraban los contratos distribuidos en rubros de la construcción o concesión de licencia de corredores viales o transporte.
Así, vinculados al primer y gran procesamiento que ya fue confirmado, se estructuró la causa en las coimas que habrían pagado a ex funcionarios del extinto ministerio de Planificación Federal, empresarios del transporte, del sector energético y de la obra pública civil. En los dos primeros casos, el magistrado ya realizó y concluyó un amplio llamado a indagatoria. Resta resolver la situación procesal de un gran conjunto de empresarios, entre ellos Gianfranco Macri, hermano del Presidente de la Nación.
Ahora, la próxima instancia será un llamado a indagatoria que involucra a responsables de 70 empresas, donde algunos nombres se repiten: Ángelo Calcaterra (ex Iecsa), Gianfranco Macri, Carlos Wagner, Juan Chediak, entre otros. También, la imputación alcanzaría a ex funcionarios del extinto Ministerio de Planificación y a la cabeza de todos ellos, a la propia Cristina Kirchner.
El ritmo a la causa lo imprimió durante la feria judicial, el tramo donde se investiga una estructura de lavado de activos donde se movieron en Estados Unidos U$S 70 millones. El responsable de iniciar estas operaciones a través de quinces sociedades donde nombró personas de su entorno, fue Daniel Muñoz.
Para Bonadio y los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, no hay dudas que esos fondos provinieron de las coimas cobradas a empresarios contratistas del Estado. En esta instancia, se investigan al menos veinte personas entre ellas Carolina Pochetti, la última en ser reconocida como imputada colaboradora y viuda del ex secretario de Néstor Kirchner. Bonadio también tiene que decidir si concede la excarcelación de Pochetti y Campillo, entre otros.
Su confesión derivó en una serie de medidas que traerán novedades al expediente junto con la resolución del juez Bonadio sobre la situación procesal de los imputados.
La acusación formal sobre los implicados es haber “realizado diferentes transacciones comerciales de las que se destaca la constitución de empresas y la compra de inmuebles a nombre de éstas, operaciones que no se condicen con la capacidad económica de aquéllos”. Se sospecha que la plata podría ser en realidad de los Kirchner.
Esta causa estuvo inicialmente a cargo del juez Luis Rodríguez pero la Cámara de Apelaciones decidió que debía unificarse con la investigación de los cuadernos de las coimas como parte de una misma maniobra.