En la misma semana, el kirchnerismo perdió la fuerza de la que supo gozar en el Consejo de la Magistratura en los últimos cuatro años. Se estrechó el margen del oficialismo para seleccionar, sancionar o remover jueces a su antojo. Como el Congreso después de las elecciones legislativas, en lo formal, al menos, se redujeron las posibilidades de que la Magistratura funcione como una escribanía obediente, lista para a recibir y procesar las necesidades del poder sin demora. Habrá que ver ahora si la oposición logra capitalizar la nueva relación de fuerzas. El antecedente del Parlamento sólo ahuyenta expectativas. Entre los temas que la oposición aún no logró imponer en el Congreso está, justamente, la reforma del Consejo de la Magistratura.
La sentencia de Ricardo Lorenzetti no dejó espacio para más interpretaciones que una. "Si no hay jueces, no hay fallos", advirtió a principios de mes. El razonamiento condensó dos reclamos tan viejos como pendientes: más fondos y cobertura de vacantes.
También esta semana la Cámara de Casación Penal le puso números al enojo de Lorenzetti: denunció que hay 74 vacantes en los tribunales que funcionan bajo su jurisdicción y que en lo que va del año debió autorizar 1229 subrogancias. En la propia Casación falta designar a más del 30% de los camaristas. En total, hay 209 vacantes en la justicia nacional y federal; esto implica que más del 20% de los cargos están sin cubrir. El cuadro se completa con la pobre performance de Cristina Kirchner en la carrera contra las vacantes: en lo que va de este año sólo recibió juramento a tres nuevos jueces.
Como cada vez que un conflicto despunta en el horizonte de los Kirchner, el discurso de la Casa Rosada se volvió una vara ideal para medirlo. La escalada comenzó, cuando no, con Aníbal Fernández, que dijo que la sentencia que ordena reponer a Eduardo Sosa es "imposible de cumplir". Incluso equiparó los disímiles proyectos opositores para intervenir Santa Cruz con un golpe de Estado. La Presidenta no tardó en sumarse al ataque. En menos de 24 horas le ofreció "asilo" a Peralta en la Casa Rosada y dijo sentir "profunda vergüenza" por la oposición. Atenta, Carrió advirtió que la intervención podría convertirse en un arma de doble filo porque. La facultad de designar al interventor es del Poder Ejecutivo, recordó en público y en privado. Así, el antídoto que analiza la oposición podría convertirse en la peor medicina.
El caso de Santa Cruz no es el único con el que la Corte puso en jaque al Gobierno. El fallo a favor de la extradición de Apablaza, que esta semana sacudió la relación con Chile, podría convertirse en el disparador de una nueva contradicción oficial. Más allá de las evidentes diferencias, ¿con cuánta autoridad podría reiterar Cristina Kirchner ante la ONU el pedido para que Irán extradite a los acusados por el atentado a la AMIA mientras rechaza el pedido de Piñera por el ex guerrillero?
Hace ocho meses, cuando el año era pura perspectiva, estallaba el conflicto por el uso de reservas del Banco Central y la remoción de Martín Redrado. Por esos días calientes y calurosos Cristina Kirchner acuñaba categorías como "partido judicial" y "jueces delivery". Hace pocas semanas, Amado Boudou le siguió los pasos y acusó a los camaristas que ordenaron cesar la intervención oficial de Papel Prensa de hacer "justicia exprés".
En enero parecía que la relación con el Poder Judicial no podría tensarse más. En otra coincidencia paradójica, la Presidenta terminó la semana confirmando a Mercedes Marcó del Pont al frente del Central. Fue el punto final de un derrotero judicial sin precedente. Los últimos días demostraron que, con los Kirchner de por medio, la tirantez siempre puede aumentar.
Por Lucrecia Bullrich
fuente lanacion