Es frecuente que el presidente o sus ministros mantengan canales de diálogo con el alto tribunal para corregir problemas presupuestarios, cuestiones de agenda política o prever el efecto que una sentencia puede producir sobre las cuentas públicas. Así ocurrió, por ejemplo, cuando la Corte dictó el caso Badaro, que estaba llamado a producir un efecto cascada en beneficio de miles de jubilados.
Quienes conocen los diálogos que en ocasiones tienen por interlocutores al titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, o las llamadas que realiza la propia Presidenta a otros magistrados del tribunal, sostienen que esas comunicaciones son útiles.
Pero ahora algo se rompió. "El Gobierno pasó el límite", dicen en la Corte, en alusión al fuerte respaldo del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y varios legisladores del kirchnerismo al gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta.
"Peralta no se hubiera animado a desobedecer la sentencia si Kirchner no lo respaldara o, incluso, si no se lo hubiera pedido. Peralta obedeció a Kirchner", dijo uno de los hombres que más conocen los entretelones del cuarto piso del Palacio de Justicia. "Manejan la provincia de Santa Cruz a control remoto", se dijo en otro encumbrado despacho.
La sentencia de la Corte que le ordena una vez más al gobernador reponer al ex procurador Eduardo Sosa en su cargo fue el punto central de ese desenlace, pero no fue el comienzo ni el fin de la historia.
Hace quince años, tras ser removido sin juicio político, Sosa comenzó un dilatadísimo calvario judicial que llegó en muchas ocasiones a la Corte, que en todos los casos se pronunció en favor de Sosa.
Uno de los motivos que más irritaron a la Corte fue que, durante muchos meses, el ministro Juan Carlos Maqueda hizo denodados esfuerzos para que Peralta obedeciera la sentencia y evitara el fallo, pero no tuvo éxito.
Si bien en las horas previas al fallo la Corte venía analizando distintas fórmulas para redactar la sentencia, finalmente se inclinó por adoptar la más dura. Ya no alcanzaba la idea que originalmente había propuesto el juez Raúl Zaffaroni de que la Corte diera intervención al Congreso. Maqueda, que conoce la tarea legislativa al dedillo y sabe interpretar los signos de la política, le quiso poner el cascabel al gato: escribió el párrafo que finalmente apareció en la sentencia, en la cual la Corte aclaró que la participación del Congreso tenía por misión evaluar si corresponde la intervención federal.
Apenas conocido el fallo, Peralta anticipó que no lo cumpliría. Pero el Gobierno redobló la agresión: Aníbal Fernández habló de "golpe de Estado" y dijo que la Corte y los legisladores de la oposición habían planteado una "burrada".
"La Corte no quedó en situación de debilidad. Es el Ejecutivo el que se equivocó", dice un juez supremo.
El otro caso que terminó por colmar la paciencia de los jueces fue el de Apablaza Guerra. La Corte siempre pensó en extraditar al terrorista chileno que, en plena democracia, mató a un senador pinochetista. Si no lo hizo antes fue porque el Poder Ejecutivo se demoraba en definir si le daría a Apablaza el carácter de refugiado. Las declaraciones del jefe de Gabinete responsabilizando a la Corte por las demoras indignaron a los magistrados. Por eso, en la sentencia, hicieron un pormenorizado relato de las ocasiones en las que la Corte pidió informes al Gobierno y éste omitió pronunciarse.
La relación entre ambos poderes se deterioró notablemente. Desde 1983, hubo otros momentos difíciles: en los 90, la Corte se opuso al proyecto de Carlos Menem de ampliar su composición y, en 2002, el tribunal que presidía Julio Nazareno puso en jaque al presidente Eduardo Duhalde cuando amenazaba con devolver en dólares toda la plata del corralito. Pero, ahora, el Poder Ejecutivo insta a la desobediencia de un fallo, un síntoma de riesgo institucional.
Lorenzetti es un hombre mesurado y todo el tribunal se llamó a silencio. El diálogo podrá ser recompuesto. Pero la desconfianza quedó sembrada para siempre.
fuente lanacion