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 Desde Olivos se pensaba que una acción de los camioneros contra Techint sería percibida por la sociedad como una cuestión política vinculada a la negativa de la Unión Industrial Argentina (donde la empresa más grande del país tiene participación activa) a participar del acto del martes 24 de agosto contra Papel Prensa.

En un primer momento, el ala dura opinaba ante Cristina de Kirchner que era la oportunidad de una profundización del modelo y que se debía seguir al camionero en la crisis. Sin embargo, las consecuencias económicas que provocó el bloqueo entre el 17 y el 24 de agosto asustaron a los funcionarios del Gobierno vinculados a las áreas económicas más conservadoras. Las informaciones que llegaban desde la industria automotriz, la construcción, metalmecánica, maquinaria agrícola y ar-tículos para el hogar, que comenzaban a sufrir la falta de stock por la imposibilidad de recibir chapas de acero, hicieron que el Gobierno intentara sentar en la mesa de negociaciones a Moyano.

El gremio tardó una tarde en discutir el conflicto dentro de la cartera que maneja Carlos Tomada y llegó a un acuerdo. Este implicaba que Moyano renunciaba a su pretensión primaria de reclamar que Siderar asuma como propios a los casi 1.000 choferes en conflicto. A cambio, la compañía debería hacerse cargo de recaudar los aportes previsionales y los pagos al gremio de los choferes, aplicando de manera «solidaria» la Ley de Contrato de Trabajo. El camionero luego planificaba trasladar el acuerdo al resto de las industrias que utilizan empresas transportistas, con lo que en el mediano plazo podría multiplicar los aportes previsionales a su obra social y los pagos al gremio.

En la única audiencia pública que hubo en Trabajo, Techint rechazó el acuerdo cerrado entre el Gobierno y Moyano. La compañía concurrió al ministerio junto con las transportistas pero en calidad de «facilitador», según la propia definición empresarial. Fue allí que Moyano se enteró además de la negativa a aceptar el acuerdo entre el sindicato de camioneros y el Gobierno, y se negó además a discutir con las compañías transportistas.

Techint calificó de «ilegales» los bloqueos y denunció que los camioneros «violan los derechos constitucionales al trabajo, a la libre circulación de bienes y servicios, al ejercicio de industria lícita y a la propiedad». La empresa de los Rocca calificó también de «extorsión» a la posición moyanista y declaró que las medidas alentadas por Moyano «afectan seriamente el desarrollo, la inversión productiva y el clima de negocios en la Argentina».

Desde Siderar sostienen que las partes de este conflicto son el gremio de Camioneros y las empresas transportistas. Incluso explican que los contratos se licitan a través de un concurso entre empresas especializadas. Los transportistas brindan el servicio con equipos y personal propios y, en los picos de trabajo, subcontratan otras empresas de la misma especialidad, conforme lo admite como válido el ordenamiento legal.

Nada de esto importó a Moyano y su hijo Pablo (su brazo de acción dentro del sindicato). Ayer el titular de la CGT afirmó que se considerará «liberado» para accionar y retomar las protestas en Siderar luego de vencida la conciliación obligatoria.

fuente ambito.com