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De morir este martes, Shaikh sería el primer ciudadano de la Unión Europea (UE) en ser ejecutado en China en 50 años.
El caso de este hombre de 53 años, a quien sus familiares defienden alegando que sufre trastornos mentales, ha generado atención internacional frente a la aplicación de la pena de muerte en China.
Los pedidos de clemencia para Shaikh han llegado incluso desde el gobierno del Reino Unido y desde la UE.
Pero para las autoridades chinas, el delito de contrabando de droga es grave. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que el caso había sido manejado por las autoridades judiciales de conformidad con la ley y que sus derechos habían sido "respetados y garantizados, incluidos los derechos de defensa".
Además, el régimen judicial chino no prevé procedimientos de clemencia para los condenados después de haber agotado las instancias de apelación.
Sólo en 2008, unos 7.000 individuos fueron condenados a morir y, según Amnistía Internacional (AI), 1.718 pagaron su condena. Ese año, China fue el país donde más veces se impuso la pena capital: 72% de todas las ejecuciones llevadas a cabo en el mundo sucedieron en suelo chino.
Pero no es sólo la cantidad lo que preocupa a quienes se oponen a la pena capital. Según denuncia AI, "las personas que se enfrentan a delitos punibles con la muerte no son juzgadas en juicios justos".
Chris Hogg, corresponsal de la BBC en Pekín, coincide. Cuando se habla de la pena de muerte en China -señala- en primer lugar está "el secreto que rodea el proceso judicial, que hace imposible saber si el acusado ha tenido un juicio justo o no".
Sin embargo, adentro de China, muchos piensan que las críticas se deben a la falta de comprensión. Para el periódico Huanqiu Shibao (The Global Times), el caso de Shaikh ha reflejado las diferencias en la administración de justicia entre China y Reino Unido.
En su editorial se asegura que "algunos en Occidente están tomando prestado el concepto de los llamados derechos humanos, la modernización y los niveles de civilización para criticar fallas en las leyes de China y en la gobernanza social".
Y el periódico concluye: "O bien no entienden o simplemente no quieren entender la realidad social de China".
Medios estatales chinos han dado cuenta de que en 2007 la cantidad de sentencias de muerte se redujo en un 30% con respecto a 2006.
Esto se habría dado como consecuencia de la entrada en vigor de una ley que otorgó potestad exclusiva al Tribunal Popular Supremo para autorizar la pena de muerte.
La decisión se tomó luego que se emitieran sentencias erróneas por tribunales locales.
En uno de esos casos, se probó que un carnicero ejecutado por un asesinato en 1989 era inocente. Su supuesta víctima apareció con vida tiempo después.
La pena capital en China se aplica a 68 ofensas. Entre ellas, asesinato, contrabando, tráfico de drogas y otros delitos violentos. Pero también se incluyen delito económicos como el soborno, la malversación de fondos y hasta la evasión de impuestos.
Informes en medios de comunicación chinos sugieren que una de cada 10 personas ejecutadas ha sido condenada por crímenes de tipo económico.
Por lo general, los sentenciados mueren tras recibir un disparo. En algunas provincias se aplican inyecciones letales.