El volumen del salario de un trabajador integrado al circuito formal tiene dos formas de ser percibido, ya que mientras el empleador debe estar pendiente del sueldo bruto, el empleado recibe
al momento del cobro el importe neto, que es inferior al primero por los descuentos y deducciones aplicados por cargas sociales e impositivas.
Por eso es fundamental conocer cuáles son los recortes que sufre el salario bruto al momento de llegar al bolsillo del trabajador, para no sufrir sobresaltos por descuentos aplicados en forma indebida por quien lo ha contratado.
El sueldo bruto es la cantidad total de dinero que el empleador eroga, sin tener en cuenta las deducciones generalizadas fijadas por ley.
Y el salario neto es el dinero que se deposita en la cuenta bancaria del empleado a fin de mes (o en el momento en que se pagan los sueldos, según el acuerdo bilateral de cada caso) una vez aplicadas las deducciones de ley, aquel que el trabajador realmente percibe.
El descuento más grande en un salario bruto lo hace la Anses.
En el régimen laboral argentino, hay una serie de retenciones que el Estado realiza sobre el importe bruto que paga el empleador, que son denominadas deducciones de haberes o deducciones de ley.
En primera medida, el 11 por ciento del salario bruto se destina al aporte jubilatorio, y ese monto alimenta un ahorro que estará disponible en el momento de retirarse de la actividad. El dinero es retenido por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el sistema jubilatorio que rige actualmente en Argentina y que regula la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Además, se retiene un 3 por ciento para las obras sociales. Ese descuento se realiza por servicios de salud, para que el empleado pueda tener acceso a asistencia médica en caso de accidente o enfermedad. La empresa lo retiene y, luego, deposita este monto en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que destina un porcentaje de este a la Administración Nacional del Seguro de Salud.
En este sentido, desde que se definió la desregulación de las obras sociales en la Argentina, el trabajador tiene la libertad de elegir el destino de los aportes por este ítem. Incluso existen convenios que permiten derivar ese dinero a la cuota de un plan de medicina prepaga, lo cual puede cubrir en forma completa o parcial dicha mensualidad, si es que el empleado opta por este tipo de cobertura privada.
Otro descuento que se realiza sobre el salario bruto es el 3 por ciento correspondiente al Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI, monto que se utiliza para ofrecer atención médica integral a adultos mayores.
Con estos parámetros, se puede establecer como cálculo tentativo que en un salario bruto de 50.000 pesos, el neto que percibirá el trabajador con la deducción de los descuentos antes mencionados será de 41.500 pesos.
Un 3 por ciento del salario se destina al PAMI.
También puede haber retención por la cuota sindical, la que no es obligatoria, sino que depende de si el empleador es está sujeto a un convenio o el trabajador a un sindicato, por lo que se podría deducir entre un 2% y un 4% que se destina al gremio.
Otro importe obligatorio pero que no alcanza a todos los trabajadores es el impuesto a las ganancias de cuarta categoría, que se grava por a partir de ciertos montos en los salarios de los trabajadores en relación de dependencia. La alícuota y las escalas son definidas anualmente por la AFIP y lo deben pagar quienes estén por encima del piso establecido por el Estado.
De acuerdo al artículo 23 de la Ley de impuesto a las ganancias, las personas sujetas a este gravamen tendrán derecho a realizar deducciones de sus ganancias netas (y alivianar la carga del tributo) en caso de ser residentes en el país, tener hijos y/o un cónyuge, pagar un crédito hipotecario, un alquiler, un seguro de vida o una cuota médica, entre otros ítems.
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