El hombre se identificó como Ignacio Brizuela y fue con un abogado y otras seis personas armadas con grandes escopetas, bajo el argumento de que sus tierras fueron
ocupadas.
De acuerdo con el pronunciamiento, desde hace 12 años 17 familias viven en Guyrapaju, en 20 hectáreas.
La comunidad es liderada por Porfirio Sosa y Antolina Ramírez, quienes reclaman que las personas responsables del atropello no tenían ninguna orden legal de desalojo y tampoco estaban acompañadas por ningún personal de la Fiscalía ni de la Policía.
Mario Rivarola, uno de los miembros de la ONAI, dijo a Última Hora que las familias vivían en las tierras que originalmente les pertenecía y, por ello, piden al Estado que atienda la situación y vea cómo resolverlo.
“Se cometió una gran injusticia y como pueblo indígena, ellos no estaban en tierras ajenas, sino fueron los primeros habitantes y piden que se les de lo que le pertenece”, expresó.
El representante de la organización pidió la intervención del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) de manera a recuperar las viviendas de los afectados.
Asimismo, Rivarola comentó que acudieron a la Comisión de Pueblos Indígenas del Parlamento a fin de que puedan conocer la situación de la comunidad Guyrapaju.