Con los integrantes del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en Comodoro Py y los imputados de forma online, se realizó la primera de las pruebas técnicas para retomar el juicio contra Cristina
Kirchner por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. La plataforma virtual proporcionada por el Consejo de la Magistratura presentó algunas dificultades, y se acordó realizar una segunda audiencia de prueba. La fecha la deberá fijar el tribunal oral.
Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu estuvieron de manera presencial en la Sala B de Comodoro Py para la prueba del sistema virtual que se utilizará para reanudar el juicio contra Cristina Kirchner y otros quince imputados. La última audiencia se había realizado en marzo previo al inicio de la pandemia por el Covid19.
La decisión de avanzar con audiencias semipresenciales llega después de un polémico debate respecto a las imposibilidades técnicas que adujo el Consejo de la Magistratura para la realización de grandes juicios de forma virtual. Además, el órgano responsable de manejar los fondos del Poder Judicial -presidido por Lugones- había asegurado que existía una extensa lista de causas que tenían prioridad antes de la que involucra a la ex presidenta.
Este martes a las 15 se realizó la primera audiencia de prueba, de la que participaron los jueces del TOF 2, el fiscal ante el Tribunal Diego Luciani, y las defensas de los 16 imputados. Según pudo saber Clarín, al inicio hubo dificultades para la conexión de todas las partes. Cuando lograron que los intervinientes pudieran conectarse, se presentaron otras dificultades: algunas conexiones se caían, el audio para algunos era dificultoso y hubo abogados que manifestaron tener un delay durante la prueba piloto.
Con este panorama, se acordó realizar otra audiencia de prueba, algo que se encuentra a cargo de la Dirección de Tecnología del Consejo. El organismo deberá proporcionar al TOF 2 una nueva fecha de prueba.
La causa tiene imputada a Cristina como jefa de una supuesta asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar contratos de obra pública vial a favor del empresario Lázaro Báez, amigo y socio de los Kirchner. Esto se materializó en 51 licitaciones por 46.000 millones pesos en 12 años de administración K.
El juicio comenzó hace un año, y quedó suspendido en marzo raíz de la pandemia del Covid19, razón por la cual el fiscal Luciani había solicitado que se reanuden las audiencias de forma virtual. Esto tuvo una primera respuesta de la Dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura, donde se señaló que por el momento no estaban dadas las condiciones técnicas para realizar un juicio de esa envergadura.
Finalmente, el Consejo proporcionó al TOF 2 el sistema a través del cual podrá realizare el juicio bajo la modalidad semipresencial. La propuesta de reanudar de esta manera fue aceptada por la ex presidenta pero cuestionada por Báez y los ex funcionarios Julio De Vido, Carlos Kirchner y José López, entre otros. Sin embargo, los jueces decidieron retomar el caso.
Modalidad semipresencial
El juicio se realizará de forma semipresencial, combinando a los jueces en la sala de audiencias en Comodoro Py con otras personas que estarán conectadas de forma remota. El TOF 2 explicó que en la sala sólo estarán, además de los jueces, “el actuario y la persona que se encuentre convocada a prestar declaración testimonial, y la totalidad de las partes y demás participantes habituales del debate lo harán a través del sistema de videoconferencia que a esos efectos proveerá el Consejo de la Magistratura”.
Con la reanudación del debate oral se continuará con las declaraciones testimoniales. Será el turno entonces de Javier Iguacel, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, denunciante en este caso. Fue él quien presentó una auditoría que arrojó que más del 78% de los contratos volcados a la provincia de Santa Cruz, fueron concedidos al Grupo Austral, y que dichas adjudicaciones “estaban plagadas de irregularidades, que hubo direccionamiento, sobreprecios del 65% y la mitad de las obras no se concluyeron”.
El caso del presunto direccionamiento de las 51 licitaciones a favor de Lázaro Báez se admitió como el delito precedente de otras operaciones de lavado de dinero que involucran a Lázaro Báez (“la ruta del dinero K”), y a la familia Kirchner (Los Sauces y Hotesur). En este juicio, el Gobierno integra la querella a través de la Oficina Anticorrupción.
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