Por fases, España comenzó a salir del confinamiento por el coronavirus. Allí, la Justicia comenzó a reanudar algunas de sus tareas, y por eso el juez federal argentino Marcelo Martínez De Giorgi
espera que ahora le respondan un oficio que envió a Madrid pidiendo que allí se tomen varias declaraciones testimoniales en una causa por presunto encubrimiento de espionaje ilegal contra Cristina Kirchner.
El exhorto del juez argentino contenía una gran cantidad de preguntas para que sus colegas españoles les formularan a ex directivos de la petrolera Repsol, una de cuyas reuniones habría sido espiada por el kirchnerismo y registrada en una desgrabación que se encontró durante el allanamiento a la casa de Cristina Kirchner en El Calafate, por el caso de los cuadernos de las coimas.
En ese operativo, el juez Bonadio encontró ese y otros documentos que revelarían un presunto espionaje ilegal y consideró que merecían iniciar una investigación aparte. Es la que le tocó a Martínez de Giorgi.
Este juez busca dilucidar si existió “actividad ilegal durante el gobierno de la ex Presidenta vinculada a la utilización de distintas oficinas del Estado para investigar a personas determinadas“.
¿Qué había en las carpetas encontradas en El Calafate? Sobresalían informes sobre grupos empresariales: una transcripción de escuchas telefónicas de la minera Barrick Gold -la más importante en la explotación de oro en el país- e informes sobre el escándalo de las coimas vinculadas a Petrobras, firma en la que buscó hacer pie Cristóbal López.
También, la transcripción de una teleconferencia de Repsol a las 7.44 del 14 de abril de 2012. De esa reunión participaron 15 personas, entre ellos Antonio Brufau, entonces presidente de la compañía. Martínez De Giorgi pidió entonces que se tomen declaraciones testimoniales a quienes intervinieron en aquella reunión.
La reunión duró aproximadamente una hora y media. Fue encabezada por Brufau, y participaron además la moderadora de la conferencia, el Director Económico y financiero, el analista de Holding, analistas de diversas bancas financieras españolas e internacionales. La transcripción íntegra de aquella teleconferencia estaba en El Calafate, en una carpeta cuya carátula decía “Repsol”. Martínez De Giorgi quiere saber el origen de la desgrabación y la finalidad de la misma.
La Justicia española comenzó a tomar esas declaraciones en febrero. En primer término, se comenzó a citar a los quince participantes de la reunión. A todos se les consulta si reconocen haber celebrado la misma. Después, el juez Martínez De Giorgi quiere saber “si se utilizó algún número de abonado telefónico”, y de ser así que el mismo sea especificado.
Por ejemplo, el magistrado busca establecer si Brufau tenía conocimiento -en ese momento o después- respecto a la posibilidad de que la conversación haya podido ser “intervenida o si estaba siendo grabada”. Vinculado a esto, se pidió que se consulte si Repsol en 2012 “grababa las conversaciones” de sus directivos.
Con la transcripción en mano del documento secuestrado de la casa de la vicepresidenta, la Justicia española también pidió que se aporte todo tipo de información “de utilidad para establecer el origen y las circunstancias de la transcripción exhibida “.
Ahora, con la progresiva salida del confinamiento en España, la Justicia retomó diferentes tareas, y se espera que concluya con estas testimoniales.
Otras testimoniales
Antes del envío del exhorto a España, dos declaraciones que confirmaron la existencia de otras conversaciones cuyas desgrabaciones se encontraban en la residencia de Cristina Kirchner, aunque los testigos aseguraron ante el magistrado que aquellas charlas “nunca fueron grabadas”.
Por ejemplo, un alto directivo de General Motors declaró por una desgrabación que había entre los papeles. Este representante de la compañía admitió la existencia de una conferencia con otros referentes, pero señaló que “nunca había sido grabada”.
Respuesta similar obtuvo el juez cuando citó a declaración testimonial a Miguel Ángel Toma, ex secretario de Inteligencia del gobierno de Eduardo Duhalde, ya que había una desgrabación que lo implicaba. Admitió la existencia de esa conversación, pero señaló que nunca había sido grabada.
Asimismo, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) -investigada ahora en cuatro expedientes-, remitió al juzgado un informe donde se explicó que los documentos bajo investigación “no responden a ningún informe oficial del área de inteligencia”.
El juzgado también tomó testimonio al personal que participó del operativo judicial en la casa de Cristina Kirchner, para descartar que se hayan “plantado pruebas falsas”, y se dio por corroborado que “los documentos se encontraban con anterioridad al operativa en la residencia”.
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