El avance de la pandemia del COVID-19 se convirtió en un nuevo argumento para que Lázaro Báez -preso por lavado de dinero-, pida dejar la prisión. Sus abogados pidieron que, aunque
sean le den un arresto domiciliario. El escrito que aduce que está en riesgo por su edad (64 años) y su complejo cuadro de salud, fue presentado simultáneamente ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que tiene una causa derivada de “la ruta del dinero K” conocida como M&P -una empresa familiar supuestamente utilizada para operaciones de blanqueo- y ante el juez Sebastián Casanello, quien lo procesó con prisión preventiva por la compra del campo El Entrevero. En ambos casos los fiscales, cuyo dictamen es necesario para la posterior decisión de los jueces, fijaron posturas diferentes. Pero finalmente, por decisión del TOF 4, el contratista K seguirá preso.
Báez ingresó al penal de Ezeiza en abril de 2016. Su prisión preventiva se dictó en el marco del caso de “la Ruta del Dinero K “donde tiempo después, fue procesado y está siendo juzgado por haber lavado entre 2010 y 2013 60 millones de dólares. El juicio inició en octubre de 2018 y se encuentra en instancia de alegatos.
En dicho expediente, donde Báez está siendo juzgado junto a sus cuatro hijos, a Leonardo Fariña, Fabián Rossi, Federico Elaskar, y a otros 17 imputados más, la Sala IV de la Cámara de Casación dictó el cese de su prisión preventiva. SIn embargo, continúa detenido porque cuenta con medidas restrictivas de su libertad en otras causas.
La abogada de Báez, Elizabeth Gasaro, insistió con su excarcelación sumando entre los argumentos el riesgo de que el empresario K contraiga el COVID-19 por su cuadro de salud. Lázaro Báez de 64 años y diversas afecciones de salud: arritmia cardiaca, hipertensión, diabetes tipo 2.
Este planteo tuvo una primera respuesta por parte del fiscal Guillermo Marijuan, que acusa a Báez en la causa por supuesto lavado en la compra del campo El Entrevero. Para el funcionario judicial, ahora sí están dadas las condiciones para sacar al contratista de la cárcel.
Pero su colega Abel Córdoba, que interviene en formuló en el marco de la causa conocida como M&P, rechazó el pedido del contratista, y aconsejó que lo dejaran detenido en Ezeiza. Pasado el mediodía, los jueces del TOF 4 convalidaron este criterio, por lo que, aún cuando el juez Casanello no respondió al dictamen de Marijuan en el otro expediente, Báez seguirá preso. Sólo resta que los magistradosanalicen el pedido subsidiario del contratista en caso de que le negaran la excarcelación: cumplir la prisión en su domicilio.
La empresa M&P integraría, según la Justicia, un entramado financiero que incluye vínculos con otras firmas: Proydesa SA, Karnix SA, Recaudaciones Computarizadas SA, Dereli SA, Kargen SA, Siembra y Comercialización de Granos SRL, Catahu, Xhoris SA, Recasur Argentina SRL.
En esta investigación, por la que en su momento el juez Casanello dictó la prisión preventiva a Báez, se reconstruyó otra ruta del dinero: una estructura financiera con empresas que cumplirían la función de “cuevas”. Receptoras de dinero que provendría de negocios con Austral Construcciones, después realizaban depósitos en una cuenta de M&P, propiedad de los dos hijos mayores de Báez, evadiendo cualquier control fiscal.
En diciembre, el fiscal Córdoba ya había manifestado que Báez debía continuar “la medida de coerción” analizando “la capacidad operativa que él y su grupo empresario mantenían -aún a pesar de los esfuerzos estatales- para escurrírsele a las autoridades, poniendo en peligro los fines del proceso”.
Se tuvo en cuenta el “cuantioso patrimonio aún oculto en el extranjero, mediante las estructuras creadas con anterioridad que servían de soporte a los planes dinámicos del grupo empresario y que fueron mutando en sus objetivos a través del tiempo: desde mantener ocultos los fondos al fisco hasta mantenerlos ocultos de la justicia”.
En esta misma línea, Córdoba recordó que a su criterio “Lázaro Báez no ha presentado razones que conmuevan lo valorado” anteriormente “en las distintas instancias y procesos en relación al probado riesgo procesal que concurre en relación al imputado, por lo que bastaría con remitirme a todo lo ya dictaminado y analizado por las diversas instancias judiciales”.
El único elemento nuevo a valorar para Córdoba, es el planteo de la defensa sobre el riesgo que corre Báez en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el brote de coronavirus. Pero para el fiscal “no es razón suficiente para conceder la libertad solicitada”, más teniendo en cuenta “que no se cuenta con información sobre casos sospechosos o confirmados en el ámbito penitenciario“.
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