Chile dará este miércoles el puntapié inicial a la campaña para el plebiscito del 26 de abril, que decidirá si se cambia o no la Constitución heredada de la
dictadura de Augusto Pinochet. La contienda se augura crispada, en medio de una profunda polarización política, y que es la más importante desde aquella que en 1988 puso fin a la dictadura militar.
Más de 14,6 millones de chilenos volverán a votar en un referéndum, 31 años después del último de ellos, en el que se realizaron reformas a la Constitución. Un año antes, en 1988, se había celebrado el histórico plebiscito que puso fin a la dictadura de Pinochet (1973-1990).
La votación del 26 de abril fue planteada como una de las vías para poner fin a la grave crisis social y política iniciada en Chile el pasado 18 de octubre, que dejó 31 muertos y mantiene contra las cuerdas al gobierno del derechista Sebastián Piñera.
La medida se hizo posible la madrugada del 15 de noviembre tras un acuerdo político refrendado en el Congreso tras una de las jornadas más violentas de la revuelta social, nacida como una protesta contra el alza del precio del transporte público en Santiago, antes de convertirse en un clamor en favor de reformas sociales en Chile.
“El gobierno está comprometido con impulsar una gran participación de los chilenos y asegurar un plebiscito limpio, democrático y transparente”, dijo el lunes el presidente Piñera, un día después de que la violencia volviera a emerger en las calles, con graves enfrentamientos en el balneario de Viña del mar.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, espera resolver la crisis con una reforma de la Constitución. /DPA
La campaña electoral que arranca el miércoles se extenderá hasta el 23 de abril, con la participación de la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria y algunos independientes.
En el plebiscito, se preguntará a los votantes: “¿Quiere usted una nueva Constitución?”. A lo cual deberán responder “Apruebo” o “Rechazo”.
También se les pedirá que determinen qué tipo de órgano redactará la nueva Constitución si ésta se aprueba: una Convención Mixta, conformada por constituyentes elegidos y legisladores, o una Convención Constitucional, una especie de asamblea constituyente compuesta únicamente por miembros elegidos.
Un 69% de los chilenos votaría por la opción “apruebo”, mientras que un 14,5% se inclinaría por el rechazo, según una última encuesta Pulso Ciudadano de la empresa Activa Research.
“Varios millones de los electores convocados para votar el 26 de abril nunca han participado en un plebiscito, que es un ejercicio de democracia directa”, explicó Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel).
“Vamos a hacer una campaña positiva poniendo el acento en la oportunidad que representa para nuestro país elaborar una Constitución en democracia”, explicó a EFE el presidente del Partido Socialista (PS), el senador Álvaro Elizalde.
“Tenemos que recorrer todo Chile y demostrar que es un momento histórico, un momento para que la Constitución sea la voz de todos y no de unos pocos. Nuestro país despertó”, aseguró recientemente Carmen Frei, del Partido Demócrata Cristiano (DC).
Silencio del gobierno
Piñera, que tiene los niveles más bajos de popularidad desde el restablecimiento de la democracia (entre un 6% y un 9%), ordenó a sus ministros guardar silencio y limitarse a alentar la participación, muy diezmada en las últimas elecciones presidenciales.
Su partido, Renovación Nacional (RN), ha dado libertad de acción a sus militantes y hará campaña por las dos opciones con el eslogan común “Queremos lo mejor para Chile”: “Los militantes pueden votar lo que quieran pero hay una mayoría interna por el rechazo”, afirmó a EFE el secretario nacional de RN, Felipe Cisternas.
La violencia volvió a estallar este fin de semana durante el festival de Viña del Mar, en Chile./EFE
Los otros dos grandes partidos de la coalición gubernamental mantienen posturas diametralmente opuestas. Mientras el liberal Evolución Política (Evópoli) hará campaña por una nueva Carta Magna, el derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) es el principal enemigo del proceso constituyente.
La propaganda comenzará primero en medios de prensa escrita y radios, y en lienzos, carteles y cualquier tipo de material escrito que se colocará o repartirá en lugares autorizados.
A partir del 27 de marzo, comenzará una segunda parte, que incluye una esperada presencia televisiva, donde los partidos, alianzas políticas e independientes presentarán sus propuestas en un orden sorteado por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).
La franja televisiva se dividirá en dos emisiones diarias de 30 minutos cada una. El tiempo para cada uno de los partidos se define según la votación que hayan logrado en anteriores procesos electorales. Esto produjo la particularidad de que algunos de los participantes tengan menos de un segundo en pantalla, mientras que algunos partidos tradicionales tendrán más de cuatro minutos.
El plebiscito es una de las demandas más reclamadas en las calles desde octubre y se prevé que tendrá lugar en un ambiente de gran polarización de la sociedad chilena. Mientras la ultraderecha se volcó con la opción del rechazo, solo algunos políticos derechistas más moderados apoyan el cambio de Constitución, que es sin embargo la opción defendida por la oposición de centroizquierda.
Enfrentamientos entre manifestantes y policías, este lunes, durante las protestas contra la realización del tradicional festival de Viña del Mar, en Chile. /EFE
De cara a esta consulta, los partidos políticos sufrieron un duro golpe tras perder unos 14.000 militantes en total, mientras que la evaluación de su desempeño durante la crisis social ha sufrido una fuerte caída, según encuestas.
Reforma tributaria
En tanto, Piñera promulgó este martes una reforma tributaria que incrementa los impuestos a los más ricos en Chile.
Con la medida se espera recaudar 2.200 millones de dólares anuales para favorecer a las pequeñas y medianas empresas y a los adultos mayores, que verán disminuidos sus impuestos territoriales, es decir, aquellos afectan los bienes raíces.
“De esa manera somos capaces de enfrentar una situación muy especial como la que hemos vivido sin comprometer el futuro de nuestro país”, dijo Piñera.
La reforma fue promulgada en un acto en la sede de gobierno, durante la cual el mandatario enfatizó en la necesidad de financiar con ingresos permanentes las onerosas mejoras exigidas en protestas multitudinarias que desde el 18 de octubre lo obligaron a abandonar su programa de gobierno y, sobre la marcha, delinear una agenda social para calmar a la calle.
Coincidentes encuestas muestran que los más necesitados no están contentos con la respuesta del gobierno y continúan demandando cambios estructurales en salud, educación, pensiones y salarios, entre otras.
El impuesto global complementario a las rentas superiores a 18.580 dólares mensuales subirá progresivamente de 35% a 40%. También se elevarán los impuestos territoriales a los bienes raíces tasados sobre 500.000 dólares. Los adultos mayores cuyos ingresos sean inferiores a 805 dólares al mes quedarán eximidos de pagar impuestos territoriales y los de ingresos superiores a los 1.800 dólares pagarán la mitad.
Además, se reformularon los cálculos de impuestos que favorecen a las pequeñas y medianas empresas, entre otras medidas, que incluyen, por primera vez, el pago de tributos a las plataformas digitales, como Netflix.
Tras el estallido social fueron muchas las cesiones de Piñera, y un gran número de ellas están pendientes en el Congreso, como un pequeño incremento en los ingresos mínimos y en las jubilaciones de pensionados pertenecientes a chilenos de clase media que están más cercanos a la pobreza.
Múltiples organizaciones gremiales y sociales se aprestan a reanudar sus presiones al gobierno en marzo, mes para el cual hay múltiples convocatorias a protestas y paros.
Fuente: AFP y EFE
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