Con el término de lawfare como eje principal, Cristina Kirchner presentó un escrito en el juzgado federal de Río Gallegos donde denunció “procedimientos ilegales” hacia su persona por parte
de organismos como la AFIP, a quienes acusó de proceder como “grupo de tareas” que junto con “sectores del Poder Judicial operaron en la clandestinidad para armar un juicio de ejecución fiscal” en su contra”. La ex mandataria se refiere al proceso fiscal en el que se le reclama el pago de más de $ 8 millones por multas aplicadas en relación al Impuesto a las Ganancias. En ese sentido, pidió la nulidad de las actuaciones realizadas sobre su situación fiscal.
Después de que la anterior gestión de la AFIP la intimara por la existencia de una deuda y la ejecución de la misma, la ex presidenta señaló con un escrito la “inexistencia de la deuda” y cuestionó “los intereses y la multa” aplicados por el organismo recaudador, en consecuencia requirió que todo el procedimiento que calificó de “persecutorio” contra ella y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, “sea dejado sin efecto” ante la exigencia del pago de la deuda fiscal.
La AFIP procedió a la ejecución fiscal y a la emisión de boletas de deuda sobre tres períodos fiscales, razón por la cual, la vicepresidenta solicitó la impugnación de los actos administrativos denunciando, nuevamente, una “persecución política y judicial” en su contra.
El 17 de diciembre de 2019 Cristina Kirchner fue notificada de una ejecución fiscal por parte de la AFIP vinculado al Impuesto a las Ganancias de los períodos 2011, 2012 y 2016. La vicepresidenta denunció que nunca fue informada de la existencia de un proceso de inspección previo a esta medida de ejecución y que la fiscalización inició pocos días después de que asumiera como Senadora en 2017.
Se trata de unas actuaciones iniciadas por pedido de la fiscalía federal de Río Gallegos -en el marco de un juicio fiscal-, sobre la presunta infracción fiscal por parte de Cristina Kirchner. En ellas se ordenó a la AFIP que inicie el proceso de verificación y determinación de oficio sobre la situación fiscal de la ex presidenta. “Se trató de un evidente direccionamiento hacia esta contribuyente con el inocultable objetivo de realizarle un ajuste impositivo bajo cualquier circunstancia”, sostiene el escrito.
La inspección se realizó -denunció Cristina Kirchner-, sin ninguna notificación ni intervención suya “sin poder aportar datos, documentación, papeles de trabajo, pruebas“, ya que el oficio requerido por la Fiscalía “ordenada que se hiciera sin el contacto con la contribuyente”.
La verificación ordenada a la AFIP culminó “con un ajuste millonario“. Dicha fiscalización inició el 22 de diciembre de 2017. “Todo evidencia un claro propósito: que esta parte nunca haya podido tomar conocimiento de la existencia del proceso”.
La AFIP, durante la gestión de Mauricio Macri, dictó una serie de resoluciones impugnando las declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias que presentó Cristina Kirchner de los períodos fiscales 2011, 2012 y 2016. Se pidió determinar las diferencias en dicho impuesto de esos tres períodos en la suma de $ 2.122.615. A la fecha de emisión de la resolución se liquidan intereses por $ 3.607.467.
Asimismo, se aplicó una multa por presunta evasión fiscal de $ 2.403.729. En consecuencia se intimó a Cristina Kirchner al pago de $ 8.133.812,71 en concepto de capital, intereses y multa. La vicepresidenta señaló que nunca la notificaron para poder impugnar dicha deuda fiscal y al no ocurrir, la misma quedó firme y por ello la AFIP libró las boletas deuda.
Las multas son por el período 2011 y 2012 por un total de $ 3.605.549. Respecto al impuesto período 2016, intereses varios aplicados, el total de deuda es de $ 4.528.218. Para la vicepresidenta el procedimiento debe ser anulado, eso requirió ante la justicia federal de Río Gallegos,
Ante la deuda fiscal que reclamó el fisco bajo la administración macrista, Cristina Kirchner argumentó: “Estamos frente a un caso de desviación de poder que vicia y nulifica todo el proceso de determinación de oficio que desembocó en la emisión de las boletas de deuda en ejecución”.
En esta misma línea , consideró que las actuaciones de fiscalización que corresponden a la AFIP, “se usaron con el fin de hostigar y perseguir a esta parte, formando parte de un plan sistemático hacia mi persona y mis hijos llevado adelante por quienes cumplieron funciones en el Estado desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2017”.
JPE
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