Diputados del interbloque Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley para derogar las jubilaciones de privilegio, con el objetivo de “terminar” con los beneficios que implica ese
régimen previsional.
“Nuestra República se afirma en la idea de igualdad, es lo que establece nuestra Constitución. Y por eso los funcionarios públicos, de los tres poderes del Estado, deben someterse al mismo régimen general jubilatorio de todos los ciudadanos, sin beneficios ni prerrogativas especiales”, sostuvo el diputado radical Alejandro Cacace, uno de los impulsores de la norma.
La iniciativa, bautizada de “Equidad Jubilatoria para el Sector Público”, busca terminar con los privilegios de los funcionarios que son beneficiarios de regímenes jubilatorios especiales, con el objetivo de “apuntalar el principio de igualdad y equidad en el sistema de jubilaciones y pensiones”, según informó Juntos por el Cambio en un comunicado.
El interbloque opositor recordó que el proyecto de ley de Solidaridad aprobado en diciembre pasado “suspendió la movilidad a los jubilados que pertenecen al régimen general, pero no modifica el régimen de los privilegiados del sector público”.
La iniciativa cuenta, además, con la firma de los diputados Ignacio Torres, Gustavo Menna, Lidia Ascarate, Jimena Latorre, Federico Zamarbide, Carla Carrizo, Dolores Martínez, Dina Rezinovsky, Claudia Najul y José Luis Riccardo, entre otros.
En medio de la crisis y una recesión que golpea feo a los jubilados “sin privilegios” o “no especiales”, el Gobierno prometió avanzar con esos sistemas particulares.
El cambio iba a quedar plasmado, originalmente, en el proyecto de emergencias que logró sancionar el Gobierno de Alberto Fernández apenas asumió. Sin embargo, según fuentes del oficialismo, las modificaciones decidieron postergarse con un argumento judicial: “La parte de jubilaciones especiales salió de la ley de emergencia general porque, como incluye a los jueces, si iba en esa ley te podían hacer caer toda la ley con cualquier excusa para defender su régimen”.
El impacto negativo que generó la noticia obligó al Presidente a anunciar que el tema sería incluido en las sesiones extraordinarias del 2020. Es lo que está trabajando ahora el oficialismo, entre el Gobierno y el Congreso. “Se va a debatir en febrero”, había confirmado un diputado del Frente de Todos a Clarín.
JPE
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