Por primera vez desde las elecciones que coronaron a Alberto Fernández como presidente electo el domingo, organizaciones sociales vinculadas con partidos de izquierda marchan a la sede del Ministerio de Desarrollo
Social en reclamo de “la reglamentación de la Ley de Emergencia Alimentaria”.
La protesta, que desde antes del mediodía genera un caos de tránsito en el centro porteño, está dirigida a llamar la atención del gobierno de Mauricio Macri pero también del presidente electo, Alberto Fernández, quien hace pocas semanas había pedido a los movimientos sociales y sindicatos que evitaran protestar en las calles para reducir la tensión política en la campaña electoral.
Esta vez, los grupos identificados con el kirchnerismo, muchos de los cuales se reúnen en la CTEP que conduce Juan Grabois, decidieron no marchar. Las agrupaciones que encabezan la marcha son el Polo Obrero, FOB, Cuba, MTR, MIDO y otros partidos de izquierda, que comenzaron su caminata desde Constitución hasta el Ministerio de Desarrollo Social, en 9 de Julio y Belgrano, donde tienen previsto quedarse varias horas.
Esa protesta coincidirá con otra organizada por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), que llamó a un “polentazo nacional” en Paraguay y Libertad.
En referencia a las demandas al presidente electo el pasado domingo, la dirección nacional de Barrios de Pie/Libres de Sur, afirmó que “Alberto Fernández va a asumir recién el 10 de diciembre. Nuestro reclamo está dirigido claramente al gobierno actual, que hoy tiene la responsabilidad de aplicar la ley de Emergencia Alimentaria promulgada hace un mes. La pobreza y el hambre no pueden esperar”.
La mañana había arrancado muy complicada para el tránsito por una protesta del sindicato de taxistas, también en el centro porteño y en otros siete puntos de la Ciudad, contra las aplicaciones Uber y Cabify.
Esas protestas se pautaron en la intersección de las avenidas San Juan y 9 de Julio, Córdoba y Leandro N. Alem, Santa Fe y Callao, Rivadavia y General Paz,Rivadavia y Jujuy, Paseo Colón y Garay, Figueroa Alcorta y Salguero y San Juan y Boedo.
“La protesta integra un plan de lucha contra las multinacionales del transporte Uber y Cabify, que prestan servicios sin ningún tipo de habilitación y permiso. Esas aplicaciones ilegales violan la Ley Nacional de Tránsito y evaden las leyes laborales, impositivas y sociales vigentes en detrimento de los empleos y salarios de los taxistas”, dijo Omar Viviani, jefe del gremio.