La investigación sobre supuesto espionaje ilegal por parte de distintos organismos y dependencias del gobierno sobre distintos jueces federales, políticos y periodistas, que después de las PASO inició el juez Rodolfo
Canicoba Corral tuvo este jueves otro traspié: con un comunicado, el ministerio de Seguridad de la Nación desmintió haber indagado sobre los viajes de dos magistrados, y desairó a Canicoba: los datos de las personas realmente investigadas no coinciden con las sospechas judiciales.
“En noticias aparecidas en diversos medios sobre un presunto ‘espionaje’ a jueces desde organismos del Estado Nacional mediante el ingreso en el Registro de Migraciones, se indicó que el Ministerio de Seguridad había revisado la foja de ingresos y salidas del país de dos jueces: la doctora Ana Figueroa y el doctor Mariano Llorens”, comienza el comunicado.
“Trascendió también, de acuerdo con esas versiones, que el ingreso en la foja de Ana Figueroa se había realizado desde la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y que el ingreso en la planilla del Sr. Juez de Cámara Mariano Llorens se operó desde la Dirección de Investigaciones Internas, a cargo del Dr. Carlos Manfroni.
El Juzgado Federal 6, del señor Juez Rodolfo Canicoba Corral, requirió información al Ministerio de Seguridad mediante un oficio en el que se consignaron los nombres de ambos magistrados: el de Ana Figueroa, sin aclaración de DNI, y el de Mariano Llorens, acompañado del supuesto número de su Documento Nacional de Identidad”, advierte la cartera que conduce Patricia Bullrich.
“Al respecto, el ministerio de Seguridad de la Nación informa categóricamente: Que de acuerdo con una investigación realizada en el área de Sumarios del propio Ministerio de Seguridad, en ambos casos la información es falsa.”
“Respecto de Ana Figueroa, se trataba de una homónima de la Sra. Juez de Casación Penal, cuyo documento correspondía a un número significativa y visiblemente más alto que el de la magistrada. La investigación había sido oportunamente realizada por la DINIC, bajo la protección que confiere la Ley Nacional de Inteligencia.”
“En el caso del señor Juez de Cámara Mariano Llorens, el número de DNI proporcionado por el Juzgado, junto con el día y el horario de ingreso en Migraciones, no correspondía al magistrado, sino a un comisario inspector de la Policía Federal Argentina. Por tanto, la operación había sido realizada en el marco de las misiones y funciones de la Dirección de Investigaciones Internas, consistentes en la investigación de los presuntos actos de corrupción o complicidad con el crimen organizado de los efectivos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, como así también en la revisión de los antecedentes de los oficiales superiores, en forma previa al proceso de ascensos.”
El texto concluye con una admonición a la prensa: “Debido a que en ciertos medios y portales se publicó que el Director de Investigaciones Internas se había excusado con un argumento consistente en que el día del ingreso él gozaba de licencia, se desmiente rotundamente esa falsa información. Jamás se dio semejante argumento ni en el ámbito judicial ni en el administrativo y, además, el Sr. Director no gozaba de licencia el día del hecho, como él mismo lo dijo, por lo cual tales afirmaciones podrían ingresar en el terreno de la ‘real malicia'”.
Según la jurisprudencia nacional, esa doctrina indica que los medios y periodistas deben responder penalmente por la publicación de una información que sabían que era falsa, y es una herramienta con la que sucesivos gobiernos han amenazado a la prensa.
De comprobarse el “error” del juez Canicoba en su acusación reproducida en los medios, sería otra sombra para la delicada causa que investiga: el hace tres semanas, trascendió que la Unidad de Investigación Financiera se habría negado a responderle un oficio porque supuestamente el magistrado preguntaba si él mismo y su colega Luis Rodríguez eran investigados por ese organismo antilavado.