Por Raphael Morán
Con el argumento de que su antecesor Rafael Correa le dejó un país endeudado, el presidente ecuatorianoLenín Moreno firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un acuerdo para
un préstamo de 4.203 millones de dólares. A cambio, Ecuador ha puesto en marcha un duro plan de ajuste que incluye 20.000 despidos en la administración pública, una reducción de 30 a 15 días de vacaciones anuales para los empleados estatales, y una flexibilización de la ley laboral.
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Pero la medida que arrojó a sectores como los transportistas y los indígenas a las calles en movilizaciones sin precedentes desde hace una década, fue la supresión de los subsidios que mantenían la nafta a un precio relativamente barato. Unos subsidios que le costaban alrededor de 3.000 millones de dólares anuales al Estado ecuatoriano.
“Desde que el Ecuador es país exportador de petróleo al principio de los años setenta, se han mantenido durante largo tiempo los subsidios para los combustibles. Y en cada ocasión que se ha intentado retirar los subsidios o que se incrementó la gasolina, esto provocó reacciones populares y sociales”, recuerda Alberto Acosta, economista y ex ministro de Energía bajo la presidencia de Rafael Correa en 2007.
Y aunque esos subsidios “beneficiaban más a los sectores más acomodados que a los sectores populares, son considerados como una conquista social”, constata Acosta. El ex ministro estima que Moreno debería haber revisado los subsidios “con criterios sociales o ecológicos”.
El controvertido legado de Rafael Correa
Para justificar la serie de medidas de austeridad, Moreno acusó a Rafael Correa de haber endeudado al país. Desde Bélgica, el ex presidente rechazó las acusaciones y estimó que no había necesidad de implementar un “paquetazo”.
“El gobierno del presidente Moreno recibió del gobierno anterior de Rafael Correa una economía muy golpeada en términos económicos. Sin transformación de la matriz productiva y ninguna transformación estructural que amerite el nombre de una ‘revolución’ y menos de ‘socialismo’”, apunta el economista Alberto Acosta, crítico con el balance de la administración de Correa, pese a que fungió como ministro al inicio su mandato.
“Pero el gobierno de Lenin Moreno en lugar de introducir algunos ajustes que podían haber resuelto los problemas oportunamente, fue dejando pasar el tiempo improvisando y cayó definitivamente en las garras del Fondo Monetario Internacional. Y sabemos muy bien lo que significa: austeridad, un golpe a los sectores populares y una paralización del aparato productivo. Todo con miras a establecer los equilibrios fiscales y externos, y recuperar la competitividad”, denuncia Acosta.
El FMI: préstamo a cambio de un plan de recortes
Sobre este punto, concuerda Marcos Romero. El economista de la Universidad Andina Simón Bolívar estima que el gobierno de Moreno negoció muy mal con el Fondo Monetario Internacional: “El Ecuador se comprometió en la negociación con el FMI a bajar el déficit fiscal, que está en torno al 6% del PBI y convertirlo en un superávit a una velocidad el doble de rápida del compromiso que adquirió por ejemplo Argentina frente al FMI”, dijo Romero.
En entrevista telefónica con RFI, Romero denuncia un plan que “implica un recorte muy grande del gasto público”. Le reprocha, además, al gobierno haber cometido varios errores.
Los tres errores de Moreno
Primero, el gobierno de Lenín Moreno subestimó el impacto del aumento del precio de la nafta en el poder adquisitivo de la población. “El estancamiento económico, unido a la caída del precio del petróleo, a los recortes del personal público, de por lo menos 20.000 personas en los últimos 2 años, ha dado como resultado un ascenso de los niveles de pobreza”, detalla Romero.
“El segundo error consistió en minimizar las medidas de compensación. La única medida de compensación del gobierno es el aumento de 15 dólares a los receptores del bono de desarrollo y aumentar el número de beneficiarios en 300.000 personas. ¡Pero lo único que ha hecho el gobierno es reincorporar a los que han salido del sistema en los últimos 2 años!”, lamenta el economista de la Universidad Andina.
En tercer lugar, Romero denuncia el desequilibrio de un plan que “incluye golpes a los sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana y la eliminación de una fracción del impuesto a la salida de divisas, la eliminación de aranceles para una serie de materias primas. Medidas que benefician claramente al sector empresarial”.
“Esto es la primera parte en proceso de ajuste que apunta a implantar en el Ecuador un neoliberalismo de lo más salvaje”, opinó Romero.
RFI