En 2018, el Ministerio de Desarrollo Social transfirió al sector privado (cooperativas y ONG) unos $ 2 mil millones. La mayor parte de esos fondos se destinaron a subsidiar comedores comunitarios
y merenderos. Otra porción fue para la economía social. En todos esos casos, las agrupaciones vinculadas al kirchnerismo fueron las más favorecidas.
El núcleo que conforma el Triunvirato de San Cayetano (CTEP-Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa) están al tope del ránking. Lo mismo ocurre con los 200 mil planes de empleo que administran los movimientos sociales, tal como consignó Clarín semanas atrás. Administran buena parte del 13% de los $ 23 mil millones que el Estado nacional transfiere a los privados.
Lo que tenés que saber hoy del oficialismo y la oposición.
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Esa conclusión se desprende de un informe extraoficial elaborado por dirigentes de Juntos por el Cambio. Las partidas provienen de diferentes programas de la cartera que conduce Carolina Stanley: el número 26, de Políticas Alimentarias, es por lejos el que reparte más fondos. Los otros son el 24, de Economía Social; y el 38, de Apoyo al Empleo.
En 2019 ya se ejecutaron alrededor de $ 3 mil millones. La cooperativa más beneficiada es Confederación Nacional De Cooperativas De Trabajo (CNCT), que tiene como referente político al viceministro de Desarrollo Social de Alicia Kirchner, Carlos Castagneto. La organización que conduce el pejotista Christian Miño recibió en 2018 transferencias por más de $89 millones de pesos. El dirigente que supo tener diálogo fluido con Stanley al inicio del mandato de Macri, apoyó en 2017 a Cristina Kirchner y ahora -junto a toda a la CNCT- apoyó la candidatura del Frente de Todos.
En Desarrollo Social afirman que el año pasado se saldó buena parte de una larga deuda, acumulada con los cooperativistas.
Entre los 50 asociaciones que más recursos reciben, según el informe citado, se repiten varias que integran la CTEP, tanto el sector de Juan Grabois como el Movimiento Evita, que se referencia en Emilio Pérsico. La Asociación Civil 18 De Mayo, con sede en Villa Celina, recibió más de $ 77 millones en 2018, mientras que la Asociación Civil Ser.Cu. Po. fue beneficiada con $ 55,5 millones.
La asociación El Amanecer de los Cartoneros, ligada de manera directa a Grabois, recibió $ 34,5 millones en 2018. En Tucumán, la cooperativa Voces de Barrio, que responde -como se aprecia en su perfil en las redes sociales- de Barrios de Pie, la agrupación que conduce Daniel Menéndez, se quedó con más de $ 19 millones.
Entre las irregularidades de las que hablan en un sector del oficialismo destacan que los domicilios informados a la AFIP no son siempre correctos. En el de la Asociación Civil La Minka, de la localidad bonaerense de Berisso, funciona un local del Movimiento Evita. En el domicilio que informó la Asociación Civil 7 de Mayo figura en la provincia de Santa Fe hay un terreno baldío. En la realidad, funciona como centro comunitario en San Juan. Se le transfirieron $ 12,8 millones y su referente es Pablo Carricondo, del Evita.
Por otra parte, varias de las asociaciones beneficiadas el año pasado con millones perdieron su personería en la AFIP. Es el caso de la Cooperativa De Trabajo Barrio Obrero Limitada, de Berisso, que recibió más de $ 12 millones.
No todas las cooperativas responden a referentes sociales nucleados en la oposición. El líder de Identidad Vecinal, centro comunitario de González Catán donde se brindan talleres de empleabilidad para lo que se le transfirieron $ 21,2 millones, es Eduardo “Lalo” Creus. Se trata de un ex dirigente de la Corriente Clasista y Combativa, que gracias a las gestiones del ex vicejefe Mario Quintana se acercó a María Eugenia Vidal y hoy es candidato a concejal de La Matanza de Juntos por el Cambio. Fue el encargado de movilizar militantes a Morón durante el último cumpleaños de la gobernadora.
En la cartera de Stanley le niegan validez al informe. “Quieren manchar la gestión”, se defienden. “Los fondos del programa alimentario corresponden a toda la asistencia que brinda el ministerio a comedores comunitarios, organizaciones barriales y sociales”, respondió Paula Pérez Marquina, secretaria de Protección Social.