Se trata del decreto 669/2019, publicado el lunes último en el Boletín Oficial, que fijó nuevas condiciones para el cálculo del monto de las indemnizaciones que deben abonar las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).
En este sentido, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Cpacf), representado por el abogado Jorge Rizzo, presentó un recurso de amparo tendiente a “hacer cesar el perjuicio actual y manifiestamente arbitrario que esta norma ocasione”, junto con un pedido de “declaración de nulidad por inconstitucionalidad del DNU 669/2019”.
Esa norma, publicada el lunes último en el Boletín Oficial, cosechó el rechazo de distintos sectores gremiales, encabezados por la CGT, cuyo Consejo Directivo consideró “insólito” al decreto y advirtió que lo allí dispuesto “genera un claro perjuicio a los trabajadores beneficiarios de indemnizaciones por accidentes laborales”.
“El decreto mencionado es a todas luces inconstitucional ya que no existen circunstancias excepcionales que justifiquen su dictado, mucho menos en una materia ya regulada por una ley, máxime cuando las indemnizaciones por infortunios de índole laboral, en atención a la naturaleza jurídica de estos créditos (alimentaria), resultan ser de orden público”, argumentó el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en la presentación realizada hoy, difundida a través de las redes sociales.