La Cámara Federal de Casación penal despejó el enésimo escollo que evita la organización del juicio oral por el millonario fraude al Estado en la causa Sueños Compartidos, el programa de
viviendas sociales que financió el ministerio de Planificación Federal y que ejecutaban las Madres de Plaza de Mayo.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo, declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa del ex ministro Julio De Vido contra la resolución que había ratificado la elevación a juicio de las actuaciones.
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La defensa había presentado una queja, por recurso de Casación denegado, contra la resolución de la Sala I de la Cámara Federal porteña que había confirmado el rechazo del planteo de nulidad del auto que clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio, el pasado 21 de mayo. El sorteo dejó el caso en manos del Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces Daniel Obligado y Adriana Pallioti.
En el caso se investiga la maniobra a través de la cual diversos sujetos, a través de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, utilizaron a la fundación del mismo nombre en connivencia con funcionarios públicos –entre ellos, De Vido- para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas para la construcción de viviendas sociales, parte de los cuales fueron desviados de su destino específico.
A raíz de esa maniobra investigada, se habrían desviado millones de pesos de su fin específico (viviendas sociales). Dicho dinero habría sido transferido por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación que manejaba José López y dependía del Ministerio de Planificación Federal –a cargo de De Vido- a las jurisdicciones locales, y luego canalizado a las distintas cuentas bancarias de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi elevó a juicio oral y público a la presidenta de las Madres Hebe de Bonafini, a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, al De Vido y a los ex secretarios de Obras Públicas, José López y Abel Fatala, entre otros.
En el caso Sueños Compartidos, abierto en el 2011 en base a una investigación de Clarín, por el desvío de unos 200 millones de pesos sobre un total de 750 millones que le habían asignado los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner a esa histórica organización defensora de los derechos humanos. Se los acusa de fraude al Estado y lavado de dinero.
En la causa también están acusados el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y Daniel Alfredo Nasif, Silvia Karina Nasif, Alejandro Abraham Gotkin, Enrique Osvaldo Rodríguez, Claudio Freidin, Hugo Omar Gallardo, Daniel Laurenti, Manuel Camet, Mariano Moncada, Adolfo Daniel Bus, Pablo Javier Sette, Christian Ariel Terdjanian, Carlos Castellano y Emilio Mauro Gutiérrez. También los financistas José Caparrós Gómez y Guillermo Greppi.