El juez Claudio Bonadio le pidió al fiscal Carlos Stornelli que realice la acusación para elevar a juicio oral 7 causas vinculadas a los cuadernos de las coimas, en la que
Cristina Kirchner, empresarios contratistas del Estado y a los ex funcionarios del ministerio de Planificación están acusados de corrupción.
Se trata las causas por Importación de gas licuado, recaudación ilegal de los funcionarios del ministerio de Planificación Federal empresarios que pagaban cohecho sobre la renegociación de corredores viales, sobre los subsidios al transporte y cartelización de obra pública y sobre lavado de activos atribuida a Daniel Muñoz y otros. Todas ellas relacionadas con el expediente principal del caso, en el que la ex mandataria está procesada como jefa de la asociación ilícita que recaudó fondos ilegales que pagaban los empresarios para obtener contratos.
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Desde ahora, Stornelli ─quien a su vez está imputado como partícipe de supuestas maniobras de espionaje ilegal por el juez federal de Dolores─ está en condiciones de realizar el pedido de elevación a juicio oral de la ex presidenta, Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, entre otros, junto a una extensa lista de empresarios.
Además de haber dirigido una asociación ilícita, Cristina está acusada como coautora de recibir dádivas y de cohecho pasivo (cobrar coimas).
Cuando firmó el procesamiento, el juez determinó que el hecho de que Cristina no hubiera recibido sumas de “dinero ilegítimas en mano propia” no la exime de “responsabilidades”. En ese marco, se dio por comprobada “la existencia de una organización delictiva” planteada por la “recaudación de coimas” que inició con Néstor Kirchner y que “continuó durante la gestión” de la actual senadora. Así lo confirmaron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Para la Justicia, Cristina tuvo siempre “conocimiento del sistema de recaudación” y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la “asociación ilícita”.
La maniobra
Durante la instrucción del expediente, la Justicia comprobó que en los años de gobierno kirchnerista funcionó “una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, que se valieron de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y que fueron comandados por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández”.
En dicho período, según escribió Bonadio, existió un “pacto ilícito en daño de terceros” entre funcionarios y empresarios, que hizo “funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad , que dejaba a los más humildes del pueblo sin cloacas, sin agua corriente)”.
En la argumentación de los procesamientos se dijo que para ganar obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios, los empresarios involucrados “entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba a los funcionarios que Néstor y Cristina Kirchner designaban para esos menesteres a fin de recibir esos “retornos” o “coimas”.
Los fondos -según Bonadio- fueron pagados por el Estado por esas contrataciones que “estaban infladas en perjuicio del conjunto de los argentinos”, con la finalidad de “enriquecer ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos”.
Los procesados
La larga lista de procesados que convalidó la Cámara y que Irán a juicio cuando lo pida Stornelli incluye a una gran cantidad de empresarios: Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner, Carlos Mundin, Luis Betnaza, Gerardo Ferreyra, Armando Loson, Sergio y Alberto Taselli, Néstor Otero, Aldo Roggio y Juan Chediack, entre otros.
En el caso de Wagner y del financista Ernesto Clarens, la Cámara federal modificó la acusación y los procesó como organizadores de la asociación ilícita. Se les atribuyó varios hechos de cohecho activo, al igual que al empresario Gerardo Ferreyra, quien seguirá detenido.
Al resto de los empresarios que estaban acusados de ser miembros de la asociación ilícita y de pagar dádivas, la Cámara les modificaron la acusación: sólo les corresponde el delito de cohecho y no el de partícipes de la organización delictiva.
Los empresarios -se determinó- “efectuaron los pagos a los agentes públicos motivados por la búsqueda de beneficios económicos para sus empresas en sus relaciones con el Estado”, sin embargo, “al momento no se proyecta la finalidad” como miembros de la asociación ilícita.