El juez federal Claudio Bonadio procesó este jueves a Cristina Kirchner y a una importante cantidad de empresarios y ex funcionarios del Ministerio de Planificación por la cartelización en la obra
pública. Se trata de uno de los expedientes vinculados a la causa de los cuadernos de las coimas.
La acusación contra la ex Presidenta es, nuevamente, como jefa de la asociación ilícita que recaudó fondos ilegales. El magistrado, además, le dictó prisión preventiva.
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Con esta nueva decisión de Bonadio, la senadora y candidata a vicepresidente acumula doce procesamientos y seis pedidos de prisión preventiva.
En este tramo de la investigación, el juez y los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo se centraron en las presuntas coimas que empresarios de la obra pública pagaron para obtener contratos con el Estado, donde varios ex directivos de Vialidad Nacional fueron detenidos para ser indagados y acusados de ser partícipes de la maniobra que instauró un sistema de “cobro de fondos ilegales a través de la obra pública”.
En la causa de los cuadernos, la Dirección de Vialidad Nacional quedó involucrada en la investigación sobre la adjudicación de contratos de obra pública civil otorgada entre 2003 y 2015.
Tuvo incidencia en este expediente la confesión de Carlos Wagner -ex titular de la Cámara de la Construcción-, que detalló cómo funcionaba la cartelización de la obra pública, y también el testimonio del financista Ernesto Clarens, que entregó un extenso listado de empresas que pagaban sobornos a ex funcionarios para garantizarse obras.
Según entiende el juez, Cristina Kirchner -que ya declaró en esta causa- lideró una “comunidad engendrada con un único propósito: la recaudación de fondos de manera ilegal” y en la que los distintos funcionarios intervinientes “operaban como engranajes de un mecanismo atravesados por esa finalidad recaudatoria”.
La maniobra se desplegó desde el Ministerio de Planificación hacia las plantas inferiores de la Administración Pública, “para procurar la afluencia de dinero”. Según el magistrado, con ese motivo esos organismos celebraban los contratos distribuidos en rubros de la obra pública, de la concesión de licencias de corredores viales y de transporte.
Se investigó a más de 90 empresas que fueron receptoras de contratos de obra pública, lo que derivó en un nuevo procesamiento a la ex presidenta, ampliando la acusación en su contra como jefa de la asociación ilícita.
Bonadio determinó que se pagaron sobornos para la adjudicación de alrededor de un centenar de licitaciones, que fueron cobrados por ex funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, que conducía Julio De Vido.
Por eso centró esta causa en la cartelización de la obra pública, e indagó a Cristóbal López, Lázaro Báez, Ángelo Calcaterra, Carlos De Sousa (hermano de Fabián, socio de Cristóbal López), Gustavo Weiss, Mario Rovella y, Fabián Biancalani, entre otros.
Cuando firmó el primer procesamiento de la ex presidenta en el caso cuadernos, el juez determinó que el hecho de que Cristina no hubiera recibido sumas de “dinero ilegítimas en mano propia” no la exime de “responsabilidades”. En ese marco, se dio por comprobada “la existencia de una organización delictiva” planteada por la “recaudación de coimas” que comenzó con Néstor Kirchner y que “continuó durante la gestión” de la actual senadora.
Apoyando el planteo de Bonadio, la Sala I de la Cámara indicó que Cristina tuvo siempre “conocimiento del sistema de recaudación” y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la “asociación ilícita”.