La Justicia Federal de Mar del Plata tiene ya en su poder el pedido que un juzgado de Andorra hizo a la Justicia argentina para que tome declaración indagatoria a los
testaferros de Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, y a los financistas que utilizó para sacar el dinero del país.
El expediente llegó desde el juzgado de Sebastián Casanello y aquí se aprestan los preparativos para ejecutar el trámite, que se hará online, siguiendo “la ruta del dinero K”.
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El juez federal Santiago Inchausti mandó a ubicar a las 18 personas requeridas por Andorra y pidió colaboración a la fiscal Laura Mazzaferri, con quien lleva adelante la investigación de una asociación ilícita entre “cuevas financieras” y casas de cambio locales, reactivada a partir de una resolución de la Corte Suprema y que tiene en vilo a célebres personajes de la city marplatense.
Las indagatorias se tomarán en la sede de Viamonte y Bolivar y serán transmitidas por videoconferencia. Estarán allí los arrepentidos en la causa de los “cuadernos”, Sergio Todisco y su ex esposa Elizabeth Ortiz Municoy, declarados testaferros de Muñoz, y los titulares del Grupo Jonestur, Oscar Rigano y Juan Carlos García Navarro, quienes se repiten en las distintas causas, ahora conectadas.
Rigano y García Navarro y otras 23 personas volvieron a estar procesados en la causa que puso bajo la lupa a las casas de cambio y financieras locales a partir de una denuncia del Banco Central y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Pero ese voluminoso expediente, durante un año y medio, estuvo paralizado. Fue a raíz de una polémica decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata: había decretado nulas las actuaciones y sobreseído a todos los imputados a partir de lo que interpretó como un error de Gendarmería, una formalidad al tomar una declaración. Hasta entonces se habían hecho más de 50 allanamientos y secuestrado más de 3 millones de dólares. En estos días, el mecanismo de investigación vuelve a ponerse en marcha.
“Hay indagatorias pendientes y prueba que surgirá de la pericia informática, información sensible que contienen celulares, pendrives y computadoras secuestrados”, dijo a este diario una alta fuente judicial. Los delitos que se investigan son asociación ilícita, intermediación financiera y portación de armas de fuego de uso civil y de guerra. En los allanamientos, además de los millones en manos de arbolitos y en cajas de seguridad, se secuestraron diferentes tipos de armas: era “territorio tomado”, definió en una resolución el juez federal Inchausti.
Ya en la documentación analizada hasta la nulidad se habían hallado pruebas sobre las millonarias transferencias bancarias al Principado de Andorra a través de la financiera Jonestur. Luego Todisco y Municoy, en su arrepentimiento, lo contaron en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.
El mismo oficio del principado encajado entre los Pirineos que solicita las 18 indagatorias requiere información sobre el estado en que se encuentran las investigaciones abiertas contra el Grupo Jonestur.
Allí, los investigadores federales deberán anexar una nueva causa penal conexa con el expediente de las “cuevas financieras”, nacida a partir de la denuncia de empresarios del transporte de pasajeros en Mar del Plata y Pinamar, El Rápido del Sud y Montemar, para que se investigue a Jonestur por el delito de intermediación financiera a partir de la formación de una supuesta asociación ilícita.
“Se trata de una causa reciente, por lo pronto el juez decretó la conexidad con el expediente de las cuevas financieras”, confirmó a este diario una fuente del Ministerio Público, que instruye la investigación.
PDL