Después del pedido que hizo la embotelladora Coca Cola Femsa ante el Gobierno para acceder a un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) para reducir personal en una de sus plantas, hubo
“fumata” en el Ministerio de Producción, donde se llevan adelante las negociaciones. Fuentes de la empresa señalaron que se trata de “un principio de acuerdo”, y que en dos semanas “quedaría cerrado”.
Allí, se desarrolló una reunión entre la empresa, los funcionarios y el sindicato que representa a los trabajadores de la planta de Pompeya (sobre la que se solicitó el plan) y se llegó a un acuerdo para no abrir un PPC, el mecanismo que le permite a una empresa en crisis despedir trabajadores en mejores condiciones.
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Según convinieron las partes, se despedirán 32 trabajadores en vez de los 75 que buscaba echar la empresa por la fuerte caída de sus ventas. Al personal despedido se les pagará el 100% de la indemnización, consignó una fuente al tanto de las negociaciones. Esa información no se comunicó oficialmente, dado que el acuerdo aún no fue homologado.
El miércoles pasado, cuando Femsa presentó el pedido, explicó que “la empresa está atravesando una etapa compleja debido a la desaceleración del consumo, lo que la ha colocado en la necesidad de readecuar su estructura de trabajo”. En ese contexto, la compañía presentó un procedimiento preventivo de crisis para su planta del barrio de Nueva Pompeya, donde trabajan unos 600 empleados.