La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este martes por unanimidad un recurso de la defensa del detenido empresario kirchnerista Cristóbal López para pasar al fuero en lo penal
económico la causa en la que se lo investigó por la evasión multimillonaria del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) a través de la quebrada empresa Oil por un valor cercano a los 8 mil millones de pesos.
La investigación del caso ya fue concluida el año pasado por el juez federal Julián Ercolini y el juicio oral comenzará el 4 de junio, según dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 (TOCF3), integrado por Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Pelloni. En el banquillo de los acusados también estarán el socio de López, Fabián de Sousa, y el ex titular de la Administración Federal de Impuestos (AFIP) Ricardo Echegaray.
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La causa había sido iniciada por la AFIP a los pocos meses de asumido el gobierno de Mauricio Macri y tras la maniobra de López y De Sousa de presentar a Oil Combustibles en concurso de acreedores en un juzgado de Comodoro Rivadavia que no era competente. La empresa terminó en quiebra, comprada por YPF, y la causa penal avanzó hasta llegar a su juzgamiento a partir de junio próximo.
López y De Sousa enfrentarán el cargo de haber incurrido en el delito de administración fraudulenta agravada (de Oil Combustibles) en perjuicio de la administración pública (por el no pago a la AFIP del impuesto que retenían a cada usuario de las estaciones de servicio de la red comprada en 2010 a Petrobras).
Inicialmente Ercolini se había declarado incompetente para intervenir en el caso y decidió derivarlo al fuero penal económico por la existencia de una causa allí por evasión contra López y De Sousa. Y si bien su decisión fue respaldada por la sala I de la Cámara Federal porteña luego fue revocada por la Cámara Federal de Casación Penal.
La defensa del llamado “zar del juego” apeló esta última decisión a la Corte y ahora el máximo tribunal, sin tratar el fondo del asunto, rechazó el recurso de la defensa del empresario porque no se trata de “una sentencia definitiva o equiparable a tal”.
La decisión de la Corte fue rubricada por los cinco ministros del tribunal, esto es Carlos Rosenkrantz, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. La Corte ya había sido decisiva en 2016 cuando dijo que el expediente del concurso de acreedores de la firma debía tramitarse en la ciudad de Buenos Aires y no en la de Comodoro Rivadavia.