Por Hernán Monath
Lo que tenés que saber hoy | Las noticias más importantes del día para leer en diez minutos
Recibir newsletter
Existe en Argentina un amplio nivel de acuerdo sobre la necesidad de una reforma normativa e institucional en materia de justicia juvenil para dejar atrás el vigente “régimen penal de la minoridad”.
En ese contexto, a solicitud del Ministerio de Justicia de la Nación, UNICEF participó como uno de los miembros de la “Comisión Redactora para un Nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”.
La participación de UNICEF buscó que el anteproyecto de ley que presentó el Ministerio de Justicia, respete los estándares internacionales en derechos de la niñez y adolescencia que deben garantizarse también en el marco de la Justicia penal para adolescentes.
Durante este proceso de trabajo coordinado por el Ministerio, UNICEF expresó sus acuerdos y disidencias sobre aspectos sustantivos del anteproyecto.
Uno de los puntos más críticos es la baja de la edad mínima de responsabilidad penal a 15 años no sólo porque plantea una vulneración al principio de no regresividad en derechos humanos y en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino que además es ineficaz para que los jóvenes no cometan delitos.
Otro aspecto es que no plantea un tope máximo de las penas privativas de libertad para los adolescentes de 16 y 17 años que sean condenados, lo cual es contrario a los estándares internacionales en justicia juvenil.
Preocupa, además, la posibilidad de intervenciones discrecionales con las y los adolescentes no punibles, lo cual repetiría uno de los defectos más graves de la ley 22.278 sancionada durante la última dictadura militar.
Estas disidencias planteadas por UNICEF y otros organismos especializados que trabajaron en las Mesas de Trabajo convocadas por el Ministerio de Justicia, no fueron plasmadas en el documento que se presentó públicamente en la Plataforma virtual “Justicia 2020”.
El Comité de los Derechos del Niño en sus Observaciones Finales sobre la Argentina, recomendó al Estado argentino que apruebe una ley general de justicia juvenil compatible con la Convención y que no agrave las penas ni reduzca la edad de responsabilidad penal.
Teniendo en cuenta que es el organismo principal de supervisión de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Gobierno debe considerar sus observaciones a la hora de diseñar e implementar políticas públicas en materia de niñez y adolescencia.
Desde UNICEF consideramos que estamos frente a una oportunidad para que, después de más de 35 años, se modifique el sistema de justicia juvenil en la Argentina.
Sin embargo, la futura reforma debe ser respetuosa de todos los derechos de niños, niñas y adolescentes y debe estar acompañada por una adecuada inversión en políticas sociales que fortalezca el sistema de protección de derechos.