El diputado bonaerense por Cambiemos Guillermo Castello presentó un proyecto de ley para quitarles los planes sociales a los beneficiarios que corten calles.
“Toda prestación económica que reciba por parte del
Estado el autor de delitos o contravenciones cometidas en ocasión de manifestaciones públicas será suspendida”, propuso Castello, quien argumentó que “el derecho a la protesta debe ser pacífica y terminar cuando comienza el derecho de los ciudadanos a transitar libremente”.
El proyecto, presentado este miércoles en la legislatura bonaerense, contempla también sanciones para las agrupaciones que promuevan piquetes: “Las personas jurídicas que reincidan en actos como los señalados serán pasibles de las sanciones de apercibimiento, multa o retiro de la personería jurídica”.
Castello es además candidato a intendente de Mar del Plata por la Coalición Cívica.
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El diputado marplatense de la Coalición Cívica había generado polémica días atrás al pedir en Twitter que el Estado sacara “a patadas o con carros hidrantes” a los militantes de Barrios de Pie y el Polo Obrero que cortaban los accesos a su ciudad.
En diálogo con Clarín, Castello explicó que ese episodio “fue la gota que rebalsó el vaso” y que impulsó la creación del proyecto: “Mar del Plata estuvo bloqueada durante seis horas en plena temporada. Unos 50 piqueteros cortaron los dos accesos de la ciudad. Los turistas no podían entrar ni salir. Hay que decirlo bien claro, cortar una ruta es un delito del que nadie se quiere hacer cargo”.
Si bien reconoció que “es difícil” que la iniciativa sea aprobada “en un año electoral”, el diputado dijo que su intención es que el tema “se empiece a debatir”.
“Algunos colegas me han expresado su apoyo. También la gente, que ha explotado. Hay un hartazgo muy fuerte. Ojalá que esto se empiece a debatir en todos los ámbitos. La política se tiene que hacer cargo de algo que no es normal y que no pasa en ningún otro país del mundo”, agregó.
Y les apuntó directamente a las cúpulas de las organizaciones sociales, a quienes definió como “intermediarios de la pobreza”.
El proyecto admite el supuesto de que se revierta la suspensión en el cobro de los planes “si la persona involucrada indemniza a las víctimas y repara los daños causados u ofrece garantía suficiente a satisfacción de las víctimas”.
Quienes violan derechos no deben recibir beneficios económicos del Estado. Por eso hoy presentamos un proyecto de ley provincial para suspender subsidios a quienes corten calles o dañen patrimonio público en los piquetes. pic.twitter.com/sEkiAOJz1M
— Guillermo Castello (@guillercastello) 13 de febrero de 2019
En los fundamentos de la norma, Castello justifica que “el Estado, en sus diferentes niveles, destina una parte sustancial de su presupuesto a ayuda social con el propósito de contener múltiples vulnerabilidades de distintos orígenes; pero cortar calles y rutas, por más que se haya naturalizado durante el kirchnerismo bajo la consigna de que no debe criminalizarse la protesta social, es un delito”.
Y remarca: “Los argentinos somos rehenes de los piqueteros. Se han adueñado del espacio público. (…) Muchas de las organizaciones sociales se han politizado al extremo y se han transformado en fuerzas políticas en sí mismas, convirtiendo su principal actividad en organizar protestas y manifestaciones de manera constante y sistemática”.
En ese sentido, según destaca el proyecto en base un relevamiento de la consultora Diagnóstico Político, en 2018 la cantidad de piquetes fue de 5.857 en todo el país, es decir, un promedio de 16 por día o uno cada hora y media.