La Jefatura de Gabinete envió este miércoles al Congreso el decreto de necesidad y urgencia que establece la extinción de dominio para apurar la recuperación de bienes de delitos de la
corrupción y el narcotráfico.
La decisión de saltear al Parlamento provocó fuertes críticas de todo el arco opositor y ahora la Bicameral de Trámite Legislativo debe definir si lo avala o no (tiene 10 días hábiles), antes de que se lleve a votación.
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El DNU sólo pierde vigencia si lo rechazan ambas cámaras. El diputado camporista Marcos Cleri, titular de la Bicameral, decidió citarla para debatir el tema el 6 de febrero. Será el debut legislativo del año. Aún la Casa Rosada duda en convocar a sesiones extraordinarias para ese mes.
La comisión tiene 8 oficialistas y 8 opositores, por lo que el diputado K define si hay empate.
Con todo, en la Casa Rosada negocian por estas horas con la ex renovadora salteña Cristina Fiore Viñuales para que se sume al elenco oficialista: Con ese noveno voto evitaría evitar una derrota. La senadora Viñuales entró de la mano del gobernador peronista Juan Manuel Urtubey y tiene fluida relación con el bloque de Cambiemos.
De todos modos, la oposición considera que tiene argumentos sólidos para frenar el DNU. Por el momento reúne a cuatro peronistas federales y tres kirchneristas tras la postura de reclamarle al Gobierno que habilite el debate del proyecto que ya tiene estado parlamentario, aunque duerme en la Cámara de Diputados.
El texto que el Senado devolvió a la Cámara baja con cambios no es del agrado de la Casa Rosada. Es porque mantiene la extinción de dominio dentro del fuero penal, por lo que su instrumentación se demoraría dado que se debería esperar la condena firme de cada caso.
Pero sobre todo, porque los casos penales no son restroactivos y quedarían a salvo todos los funcionarios kirchneristas involucrados en hechos de corrupción, entre ellos la propia Cristina Kirchner.
El decreto presidencial traslada la extinción al fuero civil, en trámite exprés y con un retroactivo de 20 años. Es un texto similar que aprobó originalmente la Cámara de Diputados en 2016, con la alianza de entonces entre Cambiemos y el massismo.
En cambio, ahora el oficialismo duda en contar con los votos como para insistir con ese proyecto de ponerlo a consideración junto al que votó el Senado por impulso de los peronistas federales Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey.
La oposición hace hincapié en eventuales vicios constitucionales del DNU, alegando que el Presidente tiene vedado el uso de esa herramienta para proyectos de materia penal (artículo 99, inciso 3 de la Carta Magna).
Pero desde el Gobierno consideran que al tratarse de un texto que envía los casos a los tribunales civiles, hay modo de defender su validez.
El Frente Renovador, espacio impulsor de la norma aprobada hace dos años y medio, adelantó que buscará insistir en el Congreso.
Cleri asumió la presidencia de la Bicameral este año, tras el acuerdo de la rotación en ese cargo que ocupó el oficialismo a través del senador Luis Naidenoff a partir de 2016.
Desde que se reglamentó la validación legislativa de los decretos de necesidad y urgencia, ningún Presidente tuvo que soportar un rechazo pleno (es decir por el voto de diputados y de senadores).
El decreto consta de ocho artículos y tiene como eje central enmarcar el proceso por fuera de la acción penal. Alcanza a los delitos contra la administración pública, el narcotráfico, la trata de personas y el terrorismo, entre otros.
Además, dispone la creación de una “Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional” y regula la “acción civil de carácter patrimonial a través de la cual, a raíz de la sospecha fundada sobre la comisión de un delito grave, el Estado cuestiona la titularidad de un bien cuando no se corresponde razonablemente con los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representa un incremento patrimonial injustificado”.
La finalidad de esta herramienta es “extinguir por vía de una acción civil el derecho sobre los bienes que hayan sido mal habidos” y se exige que previo a demandar la extinción de un bien, un juez competente en lo penal haya dictado alguna medida cautelar sobre los bienes, por su presunta vinculación con el delito.
Este miércoles también fue girado al Congreso el DNU que traslada frecuencias de telefonía móvil de la empresa satelital pública ARSAT al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para ponerlas a disponibilidad del sector privado.