El fallo de la Cámara Federal revocó ayer el procesamiento de Luis Betnaza, directivo de Techint, por asociación ilícita. La Cámara dictó su falta de mérito por este hecho, y confirmó
su procesamiento por cohecho activo.
Sin embargo, la Cámara instruyó al juez de primera instancia “a transitar los canales probatorios necesarios para dotar de la mayor definición a los escenarios denunciados por las partes”.
Lo que tenés que saber hoy | Las noticias más importantes del día para leer en diez minutos
Recibir newsletter
Específicamente, la Cámara solicitó que sean “profundizadas” y “analizadas” las pruebas aportadas por la defensa que darían razón al pago “por razones de emergencia”, ante la crítica situación que atravesó el Grupo Techint en 2008 al momento de repatriar argentinos que debían salir de Venezuela, tras la expropiación hostil de Sidor por parte del régimen chavista.
Este hecho, de acuerdo a fuentes del grupo Techint, es particularmente relevante porque diferencia su caso del de otros involucrados en los cuadernos de las coimas.
Cuando Betnaza declaró ante el juez Bonadio sostuvo que los pagos efectuados a Roberto Baratta, la mano derecha de Julio de Vido, sucedieron ante la necesidad de repatriar desde Venezuela a personal argentino, además de empleados venezolanos que estaban en una planta que fue estatizada por Hugo Chávez en 2008.
La Cámara incluso señala que Claudio Uberti ratificó lo que señalaron los ejecutivos de Techint.
De acuerdo a fuentes de Techint , la Cámara consideró que no existe ningún elemento para sostener la prisión preventiva de Betnaza. Una medida que, de todos modos. no era efectiva y dio de baja esta medida cautelar.
La Cámara también reajustó el embargo decretado a Luis Betnaza de $4.000.000.000, unos US$ 100 millones a $ 80.000.000, unos US$ 2 millones.
La defensa de Betnaza cuestiona que no hubo cohecho en ningún momento como ahora señala la Cámara en su fallo.
Así sostuvo que los pagos fueron efectuados a partir de exigencias de funcionarios públicos para prestar colaboración en la crisis humanitaria que se encontraban atravesando los empleados de grupo Techint en Venezuela luego de la expropiación de Sidor. Y que el pago no se realizó a a cambio de algún beneficio.
Más aún Betnaza aclaró ante la justicia que los pagos a Baratta fueron ocho entre mayo y diciembre de 2008 mientras la indemnización que el grupo percibió por la estatización de Sidor se concretó en mayo de 2009.
“El delito de cohecho es inaplicable porque no existe contraprestación alguna entre sujeto pasivo y activo del delito”, sostuvieron.
Ante la justicia, Betnaza sostuvo la defensa del estado de necesidad en la que se encontraba la empresa para auxiliar a los miembros de Sidor y sus familias que se encontraban bajo una situación de peligro inminente en Venezuela. Respecto a Hector Zabaleta quien era el encargado de concretar los pagos a Baratta, la Cámara Federal decidió revocarle la falta de mérito.