La lacónica sentencia con que la Cámara Federal empujó a Cristina Kirchner un paso más cerca del juicio oral como jefa de una asociación ilícita creada y perfeccionada durante quince años
para recaudar sobornos entre contratistas y concesionarios del Estado deja, además, otras certezas muy importantes para la continuidad del caso, aunque en forma implícita.
Entre ellas, las dos más resonantes son la nueva confirmación de Claudio Bonadio como juez instructor de la causa de corrupción más importante de la historia argentina, y la aceptación del testimonio de los cuantiosos arrepentidos en el expediente, como aportes clave para probar los delitos bajo la lupa.
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Este último dato es quizás más sustancial que el primero: al menos una decena del medio centenar de empresarios y ex funcionarios procesados por Bonadio había apoyado su apelación en cuestionar la validez de los “imputados colaboradores”, ya sea apuntando de frente contra esa figura como a través de un cuestionamiento procesal que parecía más atendible: no existen -o al menos nadie vio- las filmaciones de esas confesiones judiciales, que según ley del arrepentido deberían haber quedado consignadas en algún soporte.
Por supuesto, para quienes no integran la causa como acusados, esas reflexiones suenan como los violines sobre la cubierta del Titanic ante la monstruosidad del mecanismo de corrupción que está bajo investigación de la justicia. Un párrafo de la resolución de la Cámara devuelve las cosas a su real dimensión: “no se trató de una simple organización criminal ubicada en estratos medios del escalafón administrativo. Su estructura piramidal con eje en los máximos representantes del Poder Ejecutivo del Estado Nacional le dio características extraordinarias: de inusual y poderosa capacidad de acción, medios extraordinarios basados en la estructura jerárquica para lograr sus fines y, sobre todo, de una impunidad sin precedentes. Corrupción con rasgos definitivos de gravedad y descomposición institucional, increíblemente prolongada en el tiempo”, describen los jueces.
Despejadas algunas grandes dudas, ahora quedan otras: ¿la situación de los empresarios se alivió al ser “bajados” de la asociación ilícita, o se agravó ante la acusación de cohecho en lugar de dádivas, como había calificado Bonadio? ¿Puede ser que a ese delito más pronto que tarde se sume alguna otra acusación vinculada al lavado de dinero, por ejemplo? Anoche, esas primeras preguntas animaban las conversaciones telefónicas y los chats del “círculo rojo”. Aunque en esas charlas nadie tomó muy en serio el anuncio de Eduardo Duhalde respecto a un hipotético indulto a los empresarios acusados en caso de ser elegido presidente de la Nación en 2019, alguna idea por el estilo no sería rechazada bajo ofensa.
La inacción de la justicia y del Gobierno para pulir un mecanismo que permita separar a los empresarios de las empresas ante los tribunales, tampoco despeja las dudas.