Tras una extensa ronda de indagatorias dispuestas en la causa que investiga supuestos delitos en el ingreso de dólares al país por parte del empresario venezolano Guido Antonini Wilson en un
vuelo charter que partió desde Venezuela con destino a Aeroparque, en agosto de 2007, el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola procesó a Julio De Vido, Claudio Uberti y Ricardo Echegaray por “tentativa de contrabando de importación de divisas”, según la resolución a la que accedió Clarín. También les aplicó un embargo de 50 millones de pesos.
El magistrado entendió que si bien es un “caso de contrabando y lavado de activos, se inscribe en un caso de soborno transnacional”, explicaron fuentes judiciales a este diario. Los delitos imputados se vieron agravados “por la concurrencia de tres o más personas y por la intervención de funcionarios públicos, tanto nacionales en ejercicio o en ocasión de sus funciones, como funcionarios aduaneros encargados del referido control y en concurso ideal con el delito de receptación de dinero con el fin de aplicarlo en una operación de lavado de activos”, indica la resolución judicial.
Este miércoles, el juez dio por corroborada una “afectación a la población” de nuestro país, a raíz de “la desviación de recursos económicos del Estado, para el aprovechamiento y concreción de maniobras delictivas que tuvieron como fin la obtención de importantes sumas de dinero espurias y que, posiblemente, luego fueron utilizadas para la financiación de campañas políticas y/o el enriquecimiento de funcionarios públicos, no ha escapado a la atención de este magistrado”.
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El procesamiento confirma que existió un intento de ingresar al “territorio nacional la suma de setecientos noventa mil quinientos cincuenta dólares estadounidenses (U$S 790.550), el día 4 de agosto de 2007, a través de la terminal Sur del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, omitiéndose presentar la declaración aduanera”.
Dicha suma se encontraba en el interior de una valija que formaba parte de los equipajes transportados en la aeronave matrícula N5113S, de la empresa Royal Class, proveniente de Maiquetía, República Bolivariana de Venezuela, y que había sido contratada por la empresa de participación estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA) para realizar ese viaje.
Se determinó que la “receptación del dinero en cuestión, que tendría un origen espurio y habría sido obtenido en la República Bolivariana de Venezuela, de parte de funcionarios y/o sujetos vinculados a la empresa PDVSA (entre los cuales se encontraría Diego Bautista UZCÁTEGUI MATHEUS, vicepresidente de dicha firma y padre del pasajero del vuelo Daniel David UZCÁTEGUI SPECHT), con el fin de hacerlo aplicar en una operación que le dé la apariencia de un posible origen lícito”.
Al momento de determinar las responsabilidades, Yadarola señaló el viaje oficial que involucra la polémica valija fue realizado por Claudio Uberti y que su secretaria Victoria Bereziuk fue “por orden y disposición del entonces Ministerio de Planificación Federal, para lo cual se habría empleado un vuelo operado por Royal Class, contratado por la empresa Enarsa, representada por Exequiel Omar Espinosa”.
En consecuencia, De Vido -en su carácter de titular de dicho Ministerio (junto con Claudio Uberti y José María Olazagasti, Jefe de Ceremonial del Ministerio), “aprovechándose ilegítimamente de un aparato organizado de poder estatal y su estructura funcional, habría estado a cargo de la organización de la maniobra de obtención del dinero en trato”.
Por eso, el juez acusó al ex ministro de “valerse del mecanismo bilateral de negocios instaurado por el “Convenio Integral de Cooperación entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela”, en virtud del cual se efectuaban numerosos viajes oficiales desde y hacia el mencionado país, por parte de funcionarios públicos venezolanos y argentinos, ya sea mediante vuelos privados contratados a tales fines o, en su defecto, utilizando aviones bajo la órbita de la Fuerza Aérea Venezolana o Argentina”.
Para el magistrado, valiéndose de una relación de posibles intereses mutuos entre ambos estados “inicialmente válida, se habría pervertido su objeto, utilizando su apariencia lícita para obtener dinero en efectivo, el cual pudo haber tenido como destino las siguientes hipótesis: el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y/o el financiamiento ilegítimo de campañas políticas”.
En este entramado “también se advierte un obrar jerárquicamente estructurado por parte de los integrantes de la AFIP -que conducía Echegaray- y la Dirección de Aduanas, encabezada por María Siomara Ayeran, en conocimiento acerca del aparato organizado de poder encabezado por De Vido y con la finalidad de facilitar su obrar ilegítimo”.
Para el juez, Echegaray y Ayerán “habrían impartido directivas ilegítimas tendientes a evitar el despliegue del debido control respecto de los equipajes que arribaban al país en determinados vuelos provenientes de Venezuela”.
Previo a la resolución de Yadarola, la Cámara en lo Penal Económico había confirmado la decisión del juzgado en cuanto a que la causa no se encuentra prescripta, usando los fundamentos que remarcó el juez respecto a esta causa: “no puede prescribir por imperativo legal, ya que hay funcionarios públicos involucrados que aún no abandonaron la función, eso hace que el cómputo de prescripción se encuentre totalmente suspendido”, explicaron fuentes judiciales. Bajo este argumento, “nunca empezó a correr” el plazo que Uberti sostenía que daba como prescripta la investigación.
El juzgado penal económico también pidió pruebas al juez federal Claudio Bonadio, que lleva la causa de los cuadernos de las coimas. “La documentación compartida permitió dar un vuelco en el valor probatorio”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
Se trata de un testimonio donde se habló de unas cajas” que entraron al país venezolanos diciendo que eran “libros”. Lo mismo que argumentó tener en su valija Antonini Wilson aquella madrugada del 4 de agosto de 2007.
“Esas cajas venían cerradas, encintadas. Nadie las abrió. Como estaban las trasladamos de las bodegas del avión al Sofitel. Decían que había libros, y en hotel Sofitel las entraron los mismos venezolanos en los carritos esos que se usan para transportar valijas”, declaró en la causa de los cuadernos bajo identidad reservada un chofer de José Olazagasti, secretario privado de Julio De Vido. El empleado detalló que quienes trasladaba esas cajas eran “fortachones bien vestidos”. Y “sin identificación visible”.
El chofer dijo que era “completamente normal” que no se controlara lo que entraba por el VIP e ingresaba a la Base Aérea Militar Aeroparque (BAMA). “El jefe de BAMA era muy amigo de toda esa gente, el los recibía”. El chofer señala que con el tiempo se empezó “a comentar” que lo que había en esas cajas “podía ser dinero”