“Estamos discutiendo con el Gobierno un acuerdo para que podamos pagar una multa por lo que ocurrió en el pasado y volver a participar de licitaciones públicas“, anunció Paulo Levita, director
de Administración y Finanzas de Odebrecht Argentina. El número dos de la filial local participó de una conferencia de prensa, en un hotel de Retiro, donde también estuvo Olga Pontes, Chief Compliance Officer de la empresa de obra pública brasileña, quien agregó: “Hay sólo tres países donde todavía no llegamos a un acuerdo, que son Argentina, Venezuela y Angola. Yo creo que la voluntad del gobierno argentino es cerrar un acuerdo con nosotros“.
Cuando se les pregunta por la fecha en que podría estar ese acuerdo con el Gobierno argentino, los directivos de Odebrecht prefieren no arriesgar una fecha, aunque dan a entender que podría ser a principios de año. “El ritmo lo pone el Gobierno argentino”, respondió Pontes.
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Consultado por Clarín, desde el Gobierno prefieren no hacer declaraciones sobre este tema.
En los demás países donde opera, Odebrecht llegó a un acuerdo para cooperar con la Justicia y pagar una multa administrativa por las coimas que la empresa reconoció haber pagado entre los años 2007 y 2014. Además cambió las políticas internas de la compañía, con programas controlados de integridad corporativa.
Odebrecht tiene acuerdos con Estados Unidos, Brasil, México, Perú y República Dominicana. En éste último país la Justicia detuvo a varios ex funcionarios, por la información que aportó la empresa. Y la constructora acordó pagar US$ 184 millones en multas, luego de reconocer que pagó US$ 92 millones en coimas para hacer obras públicas. Esa cifra en la Argentina podría estar en torno a los 70 millones de dólares, ya que sería el doble de lo que Odebrecht reconoció ante la justicia de los Estados Unidos haber pagado en coimas para conseguir obras públicas durante la gestión kirchnerista.
“La idea de la empresa es seguir operando en el país. Pero hace un año fuimos suspendidos del registro de obra pública por 12 meses. Ese plazo ya venció y presentamos todos los papeles para volver a participar en las licitaciones del Estado nacional”, dijo Levita. Y agregó: “Hoy día estamos gateando, pero ya vamos a volver a caminar”.
La empresa brasileña tuvo más de 10.000 empleados en la Argentina en el año 2012, cuando estaba construyendo gasoductos, una planta potabilizadora para AySA y arrancaba el soterramiento del Sarmiento. Pero con el escándalo de corrupción, Odebrecht bajó a sólo 800 personas trabajando en su filial local, con dos proyectos que ya están finalizando: una red de gasoductos en Córdoba, contratada por el gobierno provincial, que ya tiene un 98% de finalización; y una central termoeléctrica en Rosario, para la empresa Albanesi, que concluye dentro de dos meses.
Odebrecht tuvo que dejar la obra del soterramiento del Sarmiento y fue excluido del registro de obra pública por el escándalo de las coimas que estalló en Brasil y se expandió por decenas de obras y emprendimientos en toda América latina. Esta empresa ya reconoció que pagó “al menos” US$ 35 millones en coimas por tres obras públicas en la Argentina, entre 2007 y 2014. Fuentes judiciales estiman que los sobornos podrían haber superado los 100 millones.
Por el soterramiento, está bajo investigación la participación del ex ministro Julio De Vido y de su operador Jorge “Corcho” Rodríguez. Además, Luiz Antonio Mameri, ex vicepresidente para América Latina de Odebrecht, declaró ante la justicia brasileña que le dio US$ 2,9 millones a Javier Sánchez Caballero, por entonces CEO de Iecsa y mano derecha de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, para que pague coimas a funcionarios argentinos por el soterramiento del Sarmiento. De hecho, el fiscal Franco Picardi pidió información a Brasil sobre esa declaración, para incorporarla a la causa judicial que lleva el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
“Tenemos proyectos para implementar nuevas centrales termoeléctricas en Ezeiza y Río Cuarto. Pero nos gustaría poder presentarnos en obras públicas, ya que podemos conseguir financiamiento para proyectos de energía y obras hídricas”, comentó Levita. “Pero para poder participar en la licitación de las PPP tendríamos que cerrar primero la reparación civil por lo que ocurrió en el pasado. Vamos a aguardar al Gobierno, para ver si hay intención de que podamos participar”, agregó el ejecutivo de la empresa brasileña.
La constructora brasileña tiene 78 personas procesadas y condenadas en Brasil por delitos cometidos en ese país y otras once naciones de la región, incluyendo la Argentina. “Todos están obligados a aportar información a la Justicia local, donde Odebrecht firme convenios de cooperación, que les garanticen poder declarar contra sí mismos, renunciando a una garantía constitucional, sin más consecuencias que las que ya afrontan en Brasil”, dijeron en la empresa constructora.
Esos “arrepentidos” permitieron la detención de importantes funcionarios de distintos países, como el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas; el ex presidente y el ex ministro de Hacienda de Brasil, Lula Da Silva y Antonio Palocci; el ex presidente peruano, Ollanta Humala; y el ex viceministro de Transporte colombiano, Gabriel García Morales, entre otros. De hecho, esta semana falleció un testigo clave del caso Odebrecht en Colombia, junto con su hijo, que fue envenenado con cianuro, luego de realizar explosivas denuncias contra el actual fiscal general de ese país.