Autorizan la prisión domiciliaria para el ex fiscal Moran, pero por ahora seguirá detenido

homicidio. La Cámara de Apelaciones de La Plata, dispuso una “morigeración” de su detención y autorizó la prisión domiciliaria con incorporación de tobillera electrónica. Aceptaron un pedido de la defensa que argumentó razones “sanitarias” para dejar la cárcel mientras sigue la causa.

Pero la libertad no se hará efectiva en lo inmediato. La Fiscalía General tiene siete días para realizar la apelación ante el Tribunal de Casación y -en caso de formularla- ese cuerpo tiene después 20 días más para resolver.

Y hay más novedades: la misma Cámara que pretende autorizar al ex fiscal a regresar a su mansión del parque Sicardi, en el sudeste de La Plata, ratificó la prisión preventiva que había ordenado hace un mes el juez de Garantías, Pablo Raele. Es decir: su situación procesal está más complicada porque los camaristas Ricardo Szelagowski, Sergio Almeida y Laura Lasaga ratificaron las imputaciones por “concusión (pedir dinero abusando de su cargo) y encubrimiento agravado” por las que está detenido desde mediados de septiembre.

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Moran formó parte -según la investigación- de un engranaje de corrupción en el fuero Penal de La Plata que se destapó con la causa conocida como “la banda del ex juez César Melazo”. Era una organización delictiva que, por un período de al menos 10 años, habría sido responsable de robos a viviendas, protección de delincuentes, irregularidades policiales y estafas en la capital bonaerense.

Una gavilla integrada por ex barrabravas, policías de alto y bajo rango, jueces, fiscales y falsos influyentes. La causa tiene detrás de las rejas a Melazo (quien renunció a su cargo cuando estaba siendo sometido a un juicio político); a un ex comisario que hasta julio era jefe del Comando de Patrullas de La Plata y a dos ex oficiales; al empresario de la noche Rubén Orlando “El Tucumano” Herrera y a delincuentes comunes.

También involucra a un presidente de una sala del Tribunal de Casación que fue obligado a tomarse una licencia de 90 días por decisión de la Suprema Corte: Martín Ordoqui. Este magistrado -que también formaba parte del andamiaje jurídico que daba protección a la pandilla- no está preso porque tiene fueros. Pero en menos de un mes comenzará un proceso que podría derivar en su destitución, en el legislativo bonaerense.

La reciente decisión de la Cámara de atenuar las condiciones de privación de la libertad de Moran sorprendió a los investigadores. Los camaristas hicieron lugar a un reclamo por la salud del ex funcionario. Es que Moran tiene cáncer de piel (melanoma) y mal de Parkinson. Argumentaron que “su estado de salud se deterioró” desde que está en una celda del hospital penal Federal de Ezeiza. Pero se dispuso sin la solicitud de informes previos. Y sólo con la evaluación de un profesional particular presentado por la parte acusada.

El juez Raele ya había rechazado ese pedido. Entre otras razones, porque había garantizado la continuidad de sus tratamientos médicos. Es que el juez de Garantías cree que el imputado puede “entorpecer el proceso” si permanece en libertad. Podría -dicen quienes conocen el expediente- acordar alguna estrategia con otras personas que aún están en libertad.

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No obstante, la Cámara de Apelaciones ratificó el nudo de la acusación contra Moran. Se trata del testimonio de un detenido, Javier Ronco, a quien el ex fiscal le pidió y le cobró dinero para desviar una investigación. Según consta en el fallo firmado en la tarde de este martes, al que accedió Clarín, esa negociación se hizo a través del abogado Gustavo Galasso.