Europa no quiere migrantes.
Falso.
Probemos así: Europa no quiere migrantes pobres.
Mucho más cerca de la realidad.
Una
El estallido de la crisis económica en 2008 hizo que muchos países europeos buscaran fórmulas imaginativas de aumentar los ingresos públicos más allá de subir impuestos.
Una gran parte decidió entonces poner a la venta el derecho de residencia e incluso el de ciudadanía.
Se trataba de que cualquier persona de un país no europeo pudiera “comprar” papeles legales a cambio de una cierta inversión, normalmente en bienes inmobiliarios o deuda pública.
Se las conoce popularmente como “visas de oro” y, según denunciaron en Bruselas varias ONG, son la entrada para criminales e incluso para quienes están en la listas negras europeas de sanciones por sus actividades en regímenes autoritarios como el ruso o en la guerra siria.
Transparencia Internacional y Global Witness aseguraron en un informe que esos programas abrieron las puertas europeas a la delincuencia y al lavado de dinero, porque la mayoría de los gobiernos no hace muchas preguntas sobre el origen de esos fondos y porque tener la nacionalidad o simplemente la residencia de cualquier país del bloque equivale a tenerla de los 28.
Las 2 entidades explicaron que las “visas de oro” permiten encontrar un refugio para el dinero negro que busca escapar del alcance de los Ministerios de Hacienda de su país y abre la puerta a obtener un pasaporte europeo, que permite moverse prácticamente por todo el planeta sin necesidad de visa.
Las ONG pusieron varios ejemplos, como el del gobierno húngaro dando visas Schengen a la familia del jefe de inteligencia del Kremlin a pesar de que está en la lista de sanciones europea. O Chipre, puerta de entrada de rusos, ucranianos y sirios de muy dudosa condición con fondos de más dudoso origen.
13 países tienen programas para “vender” la residencia: Austria, Bulgaria, Chipre, España, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Malta, Portugal y el Reino Unido. Y 4 de ellos “venden” también sus pasaportes: Austria, Bulgaria, Chipre y Malta.
En total, en los últimos 10 años se han “vendido” residencias a casi 100.000 personas y ciudadanías a más de 6.000, sin que en la mayoría de los casos se hubiera hecho con antelación un estudio serio sobre el origen de los fondos que usaban para “comprar” esos papeles.
Los 13 países han logrado por esa vía 25.000 millones de euros.
Encabeza la lista España, que suma casi 1.000 millones de euros anuales. Y siguen Chipre con 914 millones, Portugal con 670 millones y el Reino Unido con 498 millones.
Las tarifas varían. Un permiso de residencia permanente en Grecia puede costar 250.000 euros, mientras Chipre vende su pasaporte por 2 millones y Austria por casi 10 millones.
Transparencia Internacional denuncia que “esos programas generan un riesgo serio para los países y para la UE en su conjunto”.
Agrega: “Permiten a individuos corruptos, criminales o con perfil de riesgo entrar en la UE. Y crea un sistema corrupto en el seno del Estado”.
La Comisión Europea asegura que conduce una investigación y en noviembre publicará un informe.
Desde el Parlamento Europeo, varios eurodiputados piden que se acabe esa forma de “vender” documentos: “El dinero no debería ser la condición para conseguir la nacionalidad ni derechos de residencia”.
Bruselas. Especial.