Este miércoles, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), en una presentación que realizó junto al Ministerio de Seguridad y la Ciudad de Buenos Aires, informó que, en cumplimiento de una resolución
de 2016, unas 12 millones de líneas de celulares podrían ser dadas de baja a partir del 18 de octubre si antes sus poseedores no las registran como propias. Horas después, asociaciones de defensa de los usuarios y consumidores manifestaron posiciones contrapuestas acerca de esa resolución. Es que se dijo mucho sobre el irrefutable derecho de los consumidores a dar de baja líneas o planes. Pero, ¿pueden las operadoras darle de baja de modo unilateral una línea a sus clientes?
Con la campaña “Tu línea es tuya”, se busca que cada número de móvil tenga un titular registrado y así sea menos probable que se transforme en una herramienta para la comisión de ilícitos. Sin embargo, no se descarta que cuando las compañías de celulares comiencen a cortar líneas haya denuncias de los usuarios.
En el país hay 30 millones de líneas prepagas. El 40 % carece de titular registrado (AFP).
Si la decisión del Enacom incurre en una ilegalidad o no, depende de entender si la relación entre las empresas de telefonía y los consumidores con líneas prepagas es realmente contractual.
Según Osvaldo Héctor Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), “el Gobierno está incurriendo en un delirio al afirmar que hay contratos. No hay tal cosa: simplemente hay una relación de consumo, por lo que se presume que hubo buena fe de quien adquirió la línea, que además, frente a la empresa, es un débil jurídico, por lo que se debe evitar toda situación que vulnere sus derechos. La persona está jurídicamente protegida por la ley 24.240, por el Código Civil y por la Constitución Nacional”.
¿Qué diferencia hay entre haber comprado un turrón y un chip de una línea telefónica de equis compañía de celulares en el kiosco? “Ninguna”, afirmó Bassano, “siempre que, desde ya, la línea no haya sido adquirida en un hecho delictivo, en cuyo caso la empresa debería probarlo”.
Según el presidente de Adduc, el problema lo generaron las empresas sobrevendiendo aparatos y líneas, y ellas deberían resolverlo sin afectar al consumidor: “Me parece muy bien que se termine con la ilegalidad y que haya un titular detrás de cada línea. Pero no se puede inmiscuir al consumidor en un problema que atañe el desmanejo de las empresas. En todo caso, que llamen uno por uno, a cada usuario de esas líneas, y les expliquen que necesitan registrar un titular”.
Desde la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), Sandra González matizó el asunto. Aunque aclaró que cortar las líneas que no sean registradas “no le parece una medida injusta”, propuso: “Quizás deberían extender un poco el plazo para comenzar con las bajas de las líneas. No todo el mundo entendió cabalmente qué tiempos tenía para hacer este trámite, y hoy el teléfono es esencial. Me parece [que] recién esta semana salió la publicidad fuerte sobre este tema. Creo que habría que pensar en extender un poco el plazo”.
Otro referente de la defensa de los consumidores es Héctor Polino, de la asociación Consumidores Libres, quien en un comienzo manifestó que la medida del Enacom era ilegal por haber un derecho adquirido de parte del consumidor. Sin embargo, en diálogo con Clarín se retractó de sus dichos y explicó que la medida le parece bien: “El objetivo es evitar delitos a través de teléfonos que no están registrados. Me parece bien que se los obligue a registrar, y que si no lo registra antes de determinada fecha, que es el 18 de este mes, esos teléfonos no puedan funcionar. Analizándolo bien en profundidad, es una forma de atacar la comisión de delitos”, argumentó.
Bassano, en cambio, pronosticó un escenario complicado desde la semana que viene: “Yo sé lo que va a pasar: las empresas van a decir que esos usuarios son adquirientes ilegítimos y les van a cortar las líneas, pero no puede ser así. Los tienen que llamar uno por uno para registrarlos y sin cambiarles la relación de consumo. De lo contrario estarían violando las nuevas normas del Código Civil. No pueden cambiar la línea ni las condiciones del servicio. No pueden imponerles que empiecen a pagar un plan, por ejemplo. Ninguna norma que emita el Poder Ejecutivo puede suplantar la ley del consumidor de fondo. Lo dice la Constitución”.