Un decreto de la Agencia Nacional de Discapacidad, publicado este miércoles en el Boletín Oficial a través de la resolución 268/2018, crea y pone en marcha un nuevo circuito administrativo de
notificación de incompatibilidades para Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. En la práctica esto representa un control sobre presuntas irregularidades de quienes están cobrando este beneficio. Desde las organizaciones sociales vinculadas al sector de discapacidad expresaron su preocupación por la medida, ya que creen que podría derivar en la suspensión de pensiones de personas que las necesitan.
Según el mismo informe, “esta resolución no implica ninguna baja en las pensiones, sino que desde agencia se les está solicitando a los beneficiarios que reciban la notificación en sus domicilios que presenten la documentación correspondiente para poder verificar la situación de cada pensionado en los que se registran incompatibilidades”.
El sistema contiene a 1.048.000 personas, en todo el país, que reciben por mes cobra 6.045 pesos. En ese universo, la Agencia detectó incompatibilidades -desde el organismo no supieron informar en qué cantidad de casos- y con el nuevo circuito administrativo las notificarán para que los beneficiaros se presentan a la oficina de Anses más cercana a presentar documentación correspondiente.
“Lo queremos saber es si lo que está en el expediente archivado tiene correlación con la realidad“, dijeron fuentes de la entidad.
Entre las incompatibilidades que surgen de los cruces de información encontraron personas que “residirían en el extranjero y cobran la pensión por invalidez laboral, otras que no se han presentado a cobrar su pensión durante tres meses consecutivos, y también otros beneficiarios que tendrían trabajo registrado y/o recibirían otra prestación no contributiva por parte del Estado Nacional”.
El decreto también dice que “los beneficiarios que sean notificados deberán comunicarse al 130 opción 2, de la ANSES, donde se les informará la documentación que deben presentar y se les dará un turno de atención en la oficina de ANSES más cercana a su domicilio. Allí el personal de la ANSES solamente recibirá la documentación requerida y esta será enviada para su revisión a la Agencia Nacional de Discapacidad”. El plazo para presentar la documentación luego de ser notificado es de diez días.
La medida generó polémica entre las agrupaciones de discapacitados. Pablo Molero, responsable de la Comisión de personas con discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires, vio con buenos ojos la activación del nuevo circuito administrativo, pero mostró preocupación sobre los efectos de aplicar este nuevo criterio.
“No está mal que revisen. Pero hay preocupación sobre qué va pasar con la gente a la que se detecte que no cumple los requisitos para percibir la pensión al pie de la letra. Por ejemplo, en los últimos años, se amplió el criterio y menos discapacitados empezaron a recibir el plan. Con esta nueva medida, estos chicos podrían perder su pensión. La gente del sector está muy preocupada por esto”, aseguró el sacerdote.