Este miércoles trascendió la decisión de la Cámara Contencioso Administrativo Federal IV, que suspendió la aplicación de una ley conocida como de “impuesto mínimo”, que beneficiaba directamente a los dos jugadores más fuertes del mercado, Philip Morris y British American Tobacco.
La acción dictada ayer por la Cámara IV dio marcha atrás con la intención de fijar un precio mínimo a la venta de cigarrillos. Al respecto, desde Tabacalera Sarandí emitieron un comunicado en el que sostienen que el impuesto mínimo “implicaba un golpe directo a las compañías Pyme de la industria, dejándolas al borde de la quiebra y su cierre”. “Así como un ataque directo a miles de consumidores que cada día acceden a productos de calidad, y a precios accesibles”, aseguran.
Las tabacaleras incursionarían en cannabis junto a firmas de alcohol
De aplicarse esta ley, consideran, las multinacionales extranjeras terminarían de monopolizar íntegramente el mercado del tabaco – en la cual ya tienen una posición mayoritaria-, y tendrían un beneficio fiscal estimado al año de 10 mil millones de pesos.
Desde la empresa consideran que esta ley es “anticonstitucional, confiscatoria y discriminatoria”, y amenaza a los 290 trabajadores a quienes desde la tabacalera dan empleo, poniendo en peligro que el mercado quede “solo absorbido por las multinacionales”.