La protesta docente concentró el reclamo en el centro porteño: una Marcha Nacional por la Educación Pública convocó a varios miles de trabajadores en la plaza del Congreso en el cierre
de la sexta huelga convocada por Ctera en el año.
En Provincia el conflicto tiene otros aditivos que lo hacen aún más complejo. Van 21 días con actividad reducida por motivos diversos, pero el principal es la falta de un acuerdo por el aumento salarial para maestros y profesores. A esa disputa se agregó la crisis de infraestructura que tuvo su pico de intensidad con el accidente registrado en Moreno, donde estalló una garrafa y muerieron dos trabajadores, a principios de agosto. Y en las últimas horas, el secuestro de Corina De Bonis, también a la salida de un establecimiento de ese distrito del norte del Conurbano.
Cientos de docentes marcharon en Buenos Aires. DPA
Este jueves terminó un plan de lucha por 48 horas con una adhesión que –según datos sindicales- superó el 90% y de acuerdo con la evaluación oficial fue del 45%. La discusión salarial está virtualmente congelada. Quedó como última oferta, la que hizo la provincia hace casi 20 días que establecía un ajuste del 19% más una suma fija del 1.9 hasta setiembre y el compromiso de seguir la negociación en octubre.
Con el índice de inflación de agosto confirmado en 3.9% y un acumulado del 24.3% en lo que va de 2018, la propuesta resulta “inaceptable”, según coincidieron los dirigentes gremiales. Ayer, las entidades que integran el Frente de Unidad Gremial (FEB, Suteba, Sadop, Uda, Udocba y Amet) estuvieron en la movilización en el centro de la CABA. Además de reiterar sus quejas por la falta de acuerdo, pidieron “seguridad, condiciones dignas de trabajo y que no haya salarios a la baja”.
Cientos de docentes marcharon en Buenos Aires. DPA
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El episodio de la docente atacada en Moreno derivó en una nueva convocatoria: los docentes anunciaron la realización de una “Marcha de Antorchas” en todas las plazas de ciudades provinciales. Además, los dirigentes exigieron respuestas el gobierno de María Eugenia Vidal. La gobernadora se comprometió a “pedir a la Justicia una rápida respuesta” y consideró que los responsables habían “cruzado un límite intolerable” con esa acción intimidatoria.
En medio de este panorama, desde la Legislatura provincial abren otra puerta para la controversia. Un legislador oficialista (Guillermo Castello, de la Coalición Cívica) propuso “evaluar seriamente la necesidad de reglamentar el derecho a huelga de los docentes bonaerenses”. Propone considerar a la educación como “servicio público esencial”. Entonces, sería obligatorio garantizar la prestación aún en períodos de conflicto o protesta gremial.
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Es un punto sensible para los sindicatos que rechazan de plano esta variante. Pero el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, consideró ayer que “es una buena variante para evitar que los chicos pierdan días de clases”. Se pronostica una nueva tormenta por la discusión de este tema.