El gobierno de EE.UU. entregó a más a más de 1800 niños que fueron separados de sus padres en la frontera con México a sus familiares o
allegados, pero mantiene en la incertidumbre a otros 711, cuyo futuro no queda resuelto en el plazo dado por un juez.
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Un hombre indocumentado de Honduras vuelve a encontrarse con su hija menor, tras ser liberado de un centro de detención para inmigrantes. / REUTER
A través de un documento remitido hoy a una corte federal de San Diego, California, los abogados del Departamento de Justicia informaron que 1442 menores indocumentados entre 5 y 18 años han sido devueltos con sus padres, los cuales se hallan bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Otros 378 han sido liberados en “circunstancias apropiadas”, según consta en el documento judicial, y entregados a padres que ya no estaban bajo custodia de ICE o a algún otro familiar, lo que eleva la cifra a 1820 menores reunidos.
Números que no cierran
Ese total, no obstante, es inferior a los 2551 menores mayores de 5 años que según una orden del juez Dana Sabraw tenían que haber sido devueltos con sus padres antes de este jueves, tras ser separados de sus familias a consecuencia de la política de “tolerancia cero” hacia la inmigración ilegal.
El gobierno había señalado con anterioridad que solo 1634 menores eran “elegibles” para la reagrupación ordenada por Sabraw, quien está a cargo de una demanda planteada contra las autoridades migratorias por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Un grupo de inmigrantes indocumentados camino a una parada de colectivo en McAllen, Texas, tras ser liberados de un centro de detención. / REUTER
“El plan de reunificación presentado a la corte está avanzando, y se espera que resulte en que todos los miembros de la demanda colectiva que son elegibles vuelvan al cuidado de sus familias”, se lee en el escrito de hoy. Los abogados de ACLU, sin embargo, han criticado el tono triunfalista que se desprende del informe del gobierno.
“Claramente no se conseguirá una reunificación total, solo pedimos que sea lo más rápido posible y de forma transparente. Nuestro objetivo es que todos los niños vuelvan con sus familias”, señaló el subdirector y abogado principal en esta materia para ACLU, Lee Gerlent, en una rueda de prensa previa a la entrega del escrito.
Menores en un limbo legal
La organización insistió que las autoridades federales entreguen el listado de las familias reunificadas para garantizar la asesoría en el proceso migratorio. En el documento, el gobierno cifró en 711 el número de menores que no son elegibles de reunificación, entre los cuales figuran 431 hijos de padres que ya no están en el país y otros 120 menores cuyos progenitores han renunciado a ese beneficio.
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“La administración Trump está tratando de barrerlos bajo la alfombra al elegir unilateralmente quien es elegible para reunificación. Continuaremos responsabilizando al gobierno y reuniremos a estas familias”, declaró Gelernt.
La Asociación Americana de Abogados para la Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), señaló hoy en un comunicado que han presentado declaraciones juradas a la corte en las que indican que “se obligó a los padres a firmar sus deportaciones o se les hizo creer que se reunirían más rápidamente con sus hijos si aceptaban la expulsión”.
Si bien una gran mayoría de niños fueron liberados, quedan más de 700 en una situación de incertidumbre. / REUTER
AILA pide que se libere a “las víctimas de esta estrategia de separación familiar” a fin de darles la oportunidad de asistencia legal, además de que sean regresados a EEUU los padres deportados para reunirse con sus hijos y sus casos “sean revisados por un juez justo e imparcial”.
Organizaciones como la Conferencia de Liderazgo en Derechos Civiles y Humanos, o la bipartidista FWD.us, sumaron hoy sus críticas por el “fracaso” del Gobierno en cumplir con el plazo dado por la corte y demandaron que todas las familias separadas sean reunidas.
ACLU ha pedido a su vez otra lista de los 431 padres que no están en el país, ya sea porque fueron deportados o salieron voluntariamente sin sus hijos, para estudiar la opción más viable de reunificación, si bien la labor no será sencilla como adelantó Gelernt.
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Entre los temas sobre los que el magistrado deberá decidir está el pedido de ACLU de otorgar un plazo de siete días a los padres después de la reunificación, para que decidan si inician un largo y complicado proceso migratorio para quedarse en el país o regresan a sus países de origen. El gobierno, por lo pronto, se ha negado a esta petición bajo el argumento de que se generarían problemas de espacio en sus centros de detención y crearía “ineficiencias” en el sistema.