El juez Daniel Rafecas decidió unificar en el juzgado de su par, Marcelo Martínez De Giorgi, las dos causas vinculadas a las obras de ampliación de los gasoductos adjudicadas a la
firma Odebrecht durante el gobierno kirchnerista. En la primera parte del expediente, Julio De Vido quedó procesado por negociaciones incompatibles y la ruta de los sobornos la mantenía el otro magistrado. Con la unificación de estas dos causas, “se consolida el móvil del cohecho”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.Julio De Vido se encuentra procesado por negociaciones incompatibles junto a Daniel Cameron (ex secretario de Energía) y a los ex subsecretarios de Energía Eléctrica y de Combustibles, Bautista Marcheschi y Cristián Alberto Folgar Batista, en la causa conocida como “Skanska II”, donde se sospecha de irregularidades en la ampliación de los gasoductos y direccionamiento del proceso licitatorio que ganó la firma brasileña.
Rafecas determinó que los ex funcionarios del área de Energía, en calidad de coautores junto a De Vido, “realizaron una serie de actos tendientes a favorecer de la Constructora Norberto Odebrecht para que esta resultara adjudicataria de los contratos para la construcción de la obra denominada “Ampliación Gasoductos TGS y TGN –obras 2006/2008–”, contratos que debían ser negociados libremente por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA)”.
Cuando la Sala II de la Cámara federal porteña confirmó las acusaciones contra De Vido y los demás imputados, pidió a Rafecas que revea la división de la causa que realizó enviándole el tramo que investiga las coimas a Martínez De Giorgi. Éste juez también lleva adelante la causa del Soterramiento del tren Sarmiento, donde investiga junto al fiscal Franco Picardi un entramado de sobornos.
En este marco, y tras el planteo de la Cámara, Rafecas declaró su incompetencia para seguir “entendiendo en los presentes obrados, los que deberían acumularse a la investigación sobre el posible pago de sobornos con relación a esta y otras obras de infraestructura desarrolladas por la compañía Odebrecht”, indica la resolución a la que accedió Clarín.
Entonces, el juez entendió que ante una mejor y más “pronta administración de Justicia”, en el estado actual del expediente “corresponde atribuir competencia sobre la investigación” en el juzgado de Martínez De Giorgi.
Para argumentar su decisión citó al fiscal Picardi, quien planteó que frente a los actores intervinientes, públicos y privados, las vinculaciones societarias y la posible existencia de “irregularidades en los procesos de licitación y adjudicación de cada una de las obras públicas comprometidas”, se puede estar ante un “esquema internacional de corrupción público-privada” que habría vinculado a los representantes de Odebrecht con funcionarios del gobierno argentino”.
“Skanska II”
En esta causa se analizaron los costos de la ampliación de gasoductos, investigados por diversas irregularidades, y sus costos finales superaron los 2.400 millones de dólares. Se calcula que los sobreprecios podrían haber superado los 800 millones de dólares, tal como publicó Clarín.
El juez de la causa observó la existencia de una “posible decisión direccionada por parte de las autoridades de los distintos organismos públicos intervinientes, para que fuera Odebrecht la beneficiada con la ampliación de los gasoductos”.
Entonces la obra tenía una valor de 1.427 millones de dólares. Para el 7 de diciembre de 2006, un día posterior a la fecha en la que Odebrecht ingresó a la obra, el costo ya era superior a los 2.347 millones.
Durante la instrucción se dio por probada la “existencia de un apreciable desvío de poder por parte de De Vido, Cameron, Folgar y Marcheschi en dirección al involucramiento ilegal de Odebrecht en la adjudicación de la obra pública, maniobra formalizada el 6 de diciembre de 2006, con la suscripción del contrato entre la firma mixta CAMMESA S.A. y Odebrecht”, resalta el escrito de Rafecas al que accedió Clarín.
Julio De Vido está acusado de haber “creado el marco normativo” para que desde Energía, “en negociación” con Odebrecht, se procediera al llamado a “licitación privada” a través de las empresas licenciatarias Transportadora Gas del Norte SA (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS).
Estas firmas se negaron a participar del procedimiento, y fue convocada la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), quien finalmente le adjudicó en un proceso sospechado el negocio a Odebrecht.
El juez señaló que se el procedimiento se hizo “al margen del régimen de contrataciones”, que contempla la ley y con “marcado direccionamiento” favor de Odebrecht que tuvo 60 días para el diseño de una estructura financiera, mientras que su competidora Benito Roggio, sólo cinco días hábiles.