La Cámara Federal de Casación Penal le pidió más informes al Consejo de la Magistratura sobre el traslado pedido por el juez Pablo Bertuzzi de un tribunal oral en lo criminal
federal a la estratégica Cámara Federal penal porteña, por donde pasan todos los casos de corrupción de la administración pública nacional cometidos en la ciudad de Buenos Aires.
El magistrado, integrante del Tribunal Oral Criminal Federal 4 que actualmente juzga al ex vicepresidente Amado Boudou por el escándalo de la imprenta Ciccone y al ex ministro de Planificación Julio De Vido por la tragedia de Once, había pedido al Consejo de la Magistratura su pase para ocupar una de las tres vacantes existentes en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal porteña.
Por ello, el organismo encargado de administrar el Poder Judicial le pidió opinión a la Cámara de Casación y a la Cámara de Apelaciones por las que pasan inicialmente a revisión todas las decisiones de los jueces de primera instancia del fuero. Este último tribunal, por dos votos a uno, ya expresó su oposición al traslado.
Ahora fue la Cámara de Casación, que con la firma del presidente del tribunal, Eduardo Riggi, y la de los presidentes de todas las salas en las que se divide su trabajo, la que sin emitir opinión de fondo indirectamente le dio un no provisorio al pedido de Bertuzzi al solicitar más informes y, en los hechos, demorar la cuestión ya que pasará la discusión del tema para después de la feria judicial de invierno, que comienza la próxima semana y se extenderá por quince días.
Casación le pidió al Consejo de la Magistratura la nota original que presentó Bertuzzi ante ese organismo para conocer las razones de su pedido de traslado, pero además le solicitó estadísticas para tener un relevamiento de en cuántas causas interviene el magistrado, en cuántas de ellas ya se llamó a juicio y por ende precisarán su intervención y cuál es la situación de los otros tribunales orales del fuero.
La Cámara Federal, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens, directamente se había opuesto al traslado por apartarse de los parámetros exigidos por la Corte Suprema este año, que sostuvo que los magistrados precisan de un acuerdo del Senado para cada cargo específico que vayan a ocupar más allá de ya ser jueces, en otros lugares, con la aprobación obtenida anteriormente por parte de la Cámara alta.
Además, Irurzun y Llorens, con la oposición de su colega Leopoldo Bruglia, le recordaron al Consejo de la Magistratura que ya está en marcha el concurso para cubrir dos de las tres vacantes existentes en su tribunal y que, además, no hay trabajo atrasado que amerite la inmediata intervención de otro magistrado.
El concurso al que refirieron Irurzun y Llorens ya tiene fecha definida (10 de agosto) para la prueba escrita y anotados a 95 postulantes, entre ellos tres jueces de instrucción, la primera instancia del fuero que funciona en el edificio de Comodoro Py 2002. Ellos son Sebastián Ramos, Marcelo Martínez de Giorgi y Julián Ercolini.