La Cámara Federal rechazó este lunes dos recursos que apuntaban a cerrar sendas causas seguidas al detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido y otros acusados por presuntos delitos cometidos
en la administración de fondos públicos destinados a la explotación del yacimiento carbonífero de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz, durante el gobierno kirchnerista.
Con la firma de los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, la sala II de ese tribunal declaró “inadmisible” un recurso de casación planteado por uno de los imputados en ambas causas. Se trata del ex coordinador de la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Miguel Angel Larregina.
El ex funcionario, excarcelado en abril pasado por decisión de los camaristas, pretendía llevar a la Cámara Federal de Casación Penal su planteo de “excepción de falta de acción por inexistencia de delito” que ya le habían rechazado ellos mismos y, originalmente, el juez instructor, Luis Rodríguez.
Larregina se encuentra procesado por la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicos, castigado con hasta diez años de prisión. Larregina fue detenido en marzo del año pasado, cuando Rodríguez dispuso su procesamiento y prisión preventiva a raíz de una denuncia formulada por las nuevas autoridades de YCRT bajo la gestión del actual gobierno de Mauricio Macri.
El nuevo titular de YCRT, Omar Zeidán, había denunciado un presunto delito en el pago de 50 millones de pesos a una empresa relacionada con una de las hijas de la actual gobernadora santacruceña, Alicia Kirchner, para una obra que jamás se concretó. Se trata de la “readecuación” de la avenida que une al yacimiento con el pueblo de Río Turbio.
La hija de la gobernadora, Romina Mercado, era la apoderada de la firma a la que se le adjudicó la obra -Fainser S.A.- por un monto total de 494 millones de pesos. Según denunció Zeidán, Fainser recibió dos desembolsos de dinero por 50 millones de pesos en noviembre y diciembre de 2015, pocos días antes del cambio de gobierno nacional, pese a que no se registró contraprestación alguna.
La otra causa en la que se encuentra procesado Larregina -junto con De Vido y otros imputados- es por presunta administración fraudulenta de YCRT y refiere a los convenios firmados con la Fundación Facultad Regional Santa Cruz y a través de la cual se habrían canalizado coimas a través de sobreprecios. El caso más emblemático es el de la fallida restauración de un tren turístico en una traza de 22 kilómetros en la que se gastaron 246 millones de pesos entre 2014 y 2015.
