La presentación que hará mañana Elisa Carrió contra Ricardo Lorenzetti en la Cámara de Diputados tiene nulas posibilidades de avanzar en el escenario político actual. Pero podría convertirse en una herramienta valiosa para el oficialismo, si las tensiones entre el Gobierno y el presidente de la Corte Suprema se convirtieran en un enfrentamiento abierto.
Así lo manifestaron a La Nación diputados del interbloque de Cambiemos que forman parte de la Comisión de Juicio Político.
Un dato marca el destino que podría tener la ampliación del pedido de juicio político contra el magistrado: la solicitud original, radicada en abril del año pasado, nunca se trató, ni siquiera en la comisión. Pero tampoco se archivó. Está en el freezer, pero no el tacho de basura.
De 31 integrantes, el cuerpo es presidido por el cordobés Javier Pretto, un diputado de Pro muy cercano al presidente de esa bancada, Nicolás Massot. En línea con su antecesor, el también macrista Álvaro González, Pretto no tiene previsto reunir a la comisión. No se reunió en todo 2017. Ni para tratar el pedido contra Lorenzetti, ni para discutir ningún otro.
En total, en el cuerpo se acumulan más de 30 solicitudes para arrancar los procesos de remoción contra distintos jueces de la Corte y ministros. También hay varios contra la ex procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, que ya perdieron vigencia.
En la bancada que preside Massot explican que para convocar a la comisión primero debería tomarse una decisión política y reunirse la mayoría para avanzar, dos cosas que por el momento no existen. La excusa formal es que antes de juntarse la Comisión de Juicio Político debe contar con un dictamen de la comisión permanente de asesores. Ese dictamen debe ser requerido por Pretto, algo que no está en los planes del diputado por Córdoba.
La postura del oficialismo contiene, sin embargo, una buena dosis de ambigüedad. El pedido de Carrió sólo lleva las firmas de los diputados de la Coalición Cívica. Pero, salvo excepciones, ni desde la UCR ni desde Pro cuestionaron en público esa presentación. Algunos callan para evitar una confrontación. Otros, confirmaron a LA NACION fuentes de la UCR, porque creen que el escenario político puede modificarse, en contra de los intereses del presidente de la Corte.
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