La Justicia le negó hoy al diputado provincial socialista Rubén Giustiniani tener acceso al contrato que YPF firmó con Chevron, suscripto el 16 de julio del 2013, para explotar entre ambas compañías el yacimiento neuquino de Vaca Muerta, según informaron fuentes allegadas al legislador.
El martes pasado, la magistrada Cristina Camión de Lorenzode, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, había fijado un plazo de 72 horas para entregar el documento que contiene 5.000 páginas. Ese tiempo se cumplió hoy a las 10 hs.
Mediante un comunicado, Giustiniani advirtió que el contrato YPF-Chevron “sigue secreto en poder de la jueza Carrión De Lorenzo”.
“La Sra. Jueza Federal nos corrió traslado de un escrito presentado por YPF junto con la copia del contrato, donde afirma que la copia del contrato entregado se encuentra testado en aquellas ‘cláusulas confidenciales ostensibles’ y solicitando su reserva en la caja fuerte del Juzgado”, continuó.
Para el socialista, “YPF SA intenta mantener así en secreto cláusulas del contrato y volver a discutir sobre lo que ya resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un juicio que lleva casi 3 años y está terminado”.
La acción llevado a acabo por el legislador santafecino se debe que en noviembre de 2015, la Corte Suprema hizo lugar a su pedido para que YPF mostrara los detalles y las cláusulas secretas del acuerdo, basándose en el derecho a la información pública.
De esta manera, la petrolera conducida por Miguel Galuccio, cumplió con la orden establecida por el máximo Tribunal y la semana pasada entregó una copia del contrato al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7.
Además, presentó un escrito solicitando a la jueza la reserva en algunos puntos. Durante el gobierno Kirchnerista nunca se pudo conocer las cláusulas del documento.
En su fallo, la Corte Suprema estableció que “las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos”.
Y agregó: “YPF no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información”.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda coincidieron en su voto, pero la jueza Helena Highton de Nolasco lo hizo en disidencia.
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