Máximo Kirchner no estaba ayer en su lugar de trabajo en Río Gallegos cuando la policía y la Justicia tocaron la puerta para exigir la entrega de documentación contable sobre los hoteles de su familia, y también sobre la empresa que los administra. Quienes habían impulsado ese operativo –que se extendió hacia otras empresas de los Kirchner en Santa Cruz–, fueron el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, en el marco de la causa Hotesur. Ese expediente investiga si los emprendimientos turísticos K se usaron para cometer delitos con dinero de la corrupción.
Nunca en los doce años de poder K la Justicia Federal había llegado a tocar timbre en la casa ubicada en la avenida Néstor Carlos Kirchner 496, Río Gallegos: se trata del centro operativo de algunos de los más importantes negocios de la familia presidencial, y de sus socios.
Ayer, la Presidenta se encontraba en Río Gallegos. Su familia dio muestras de nerviosismo por los procedimientos. Por ejemplo en El Calafate, cuando los policías enviados por Bonadio llegaron al hotel Los Sauces se acercó la fiscal de la ciudad, Natalia Mercado. Es hija de Alicia Kirchner, sobrina de la Presidenta, prima de Máximo y hermana de Romina Mercado, presidenta de Hotesur. La doctora intentó imponer algún gesto de autoridad, pero los funcionarios federales le explicaron que nada tenía que hacer allí.
Por la tarde, dirigentes oficialistas, precandidatos K y funcionarios, criticaron a Bonadio (ver página 7). Ocurre que el magistrado sorprendió con sus medidas.
La dirección Kirchner 496 es la sede fiscal de Hotesur, la sociedad con la que la familia presidencial controla su hotel más grande, el Alto Calafate. Y es también la sede de la firma que explota comercialmente, desde agosto del 2013, ese hotel y otros dos de los Kirchner, también investigados en la causa, llamados Las Dunas en El Calafate; y La Aldea, en El Chaltén.
La compañía asociada a los Kirchner se llama Idea Sociedad Anónima S.A. Su titular es el socio de Máximo Kirchner en Negocios Inmobiliarios S.A, Osvaldo Sanfelice.
La causa Hotesur se inició en Tribunales por una denuncia de la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN), después de una investigación sobre el tema del programa Periodismo Para Todos.
El juez Bonadio libró ayer “órdenes de procedimiento” para pedir le documentación sobre 35 empresas, como bancos y firmas del contratista de obra pública Lázaro Báez, socio de la Presidenta, y ex administrador del Alto Calafate. En tribunales explicaron que las “órdenes de procedimiento” son un paso previo a los allanamientos. Si las compañías entregan la documentación que les piden, podrían evitar la visita compulsiva.
Ayer, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, acusó a Bonadio de haber coordinado estos procedimientos con el jefe porteño, Mauricio Macri. Resaltó que, para impulsar estas acciones, el juez utilizó a la Policía Metropolitana en lugar de a la Federal. Fuentes del juzgado del caso Hotesur remarcaron ayer que el funcionario quizás haya cometido un “sincericidio”: “¿Si usábamos la Federal entonces favorecíamos a Cristina?”
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