En la Justicia, y sobre todo en el máximo tribunal, que preside Ricardo Lorenzetti, existe mucha preocupación por el creciente avance que está logrando el FPV en su embestida para cubrir cargos vacantes.
Hasta ahora esos cargos siempre se completaron con jueces que ya trabajaban en la Justicia y, en el interior del país, en menor medida, con secretarios judiciales. Pero desde la sanción de la ley 27.145, el mes pasado, el Consejo busca cubrir las vacantes con abogados. Y para mostrar su fuerza, en reemplazo del juez Luis María Cabral en la Cámara Federal de Casación Penal nombró a un simple abogado.
“El kirchnerismo, o mejor dicho La Cámpora, actuó sin sutilezas. Podrían haber reemplazado a Cabral con un juez kirchnerista y capaz, pero nombraron a un abogado cuyo único antecedente era trabajar en una gomería. Una provocación innecesaria”, confió un ministro del Poder Ejecutivo nacional.
El fallo de ayer surgió a raíz de una presentación que hizo una parte involucrada en un caso que investigaba el juez Daniel Rafecas, y fue contundente: “Se ha demostrado cómo el sistema previsto por ley 27.145 otorga al Consejo de la Magistratura facultades discrecionales que confrontan directamente con los principios constitucionales de juez natural, imparcialidad e independencia judicial, conforme el alcance que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha asignado a aquéllos”.
Varios detalles. Primero: uno de los jueces que redactaron y firmaron el fallo fue Martín Irurzun, uno de los cuarenta magistrados federales que la semana pasada le transmitieron su preocupación a Lorenzetti, que siempre buscó mantener distancia frente al Gobierno. Segundo: si el fallo de la Cámara se extendiera a otros casos, se daría la paradoja de que la Cámara Federal hace cumplir la Constitución para cubrir cargos de primera instancia, pero su superior, la Casación, viola la Carta Magna. Tercero: ¿acaso la Corte no compartiría una argumentación como la de la Cámara Federal?
Pero el descalabro que promueve el Consejo comienza a darse, también, en los tribunales federales del interior, que están a punto de paralizarse. ¿Quién puede poner punto final a semejante descalabro? Sólo la Corte Suprema. Pero en este punto hay que hacer, también, algunas aclaraciones.
Por un lado están las gestiones que, en el acuerdo de hoy, analizarán los jueces de la Corte para encarar directamente ante el Consejo y, así, evitar que por aquellos inconvenientes prácticos la Justicia se paralice.
Pero, por otro lado, a la hora de analizar si la ley 27.145 es válida o inconstitucional, en el alto tribunal les llama la atención que las asociaciones profesionales están actuando con demasiada lentitud para defender a los jueces. Mientras el Gobierno se apresura para llevar a la Corte una demanda para que el tribunal declare ilegales las operaciones con “contado con liqui” y difunde un recurso que todavía no llegó a estudio del tribunal y que éste no pondrá en su agenda, los jueces y abogados son mucho más lentos a la hora de defender su propia situación.
“Este avance del Consejo es peor que las leyes de democratización de la Justicia. Pero mientras hace dos años hubo decenas de demandas en todo el país, ahora son muy pocos los planteos que se están moviendo”, dice un funcionario de la Corte.
Por cierto, un detalle que llama la atención es que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal -que en el caso de la democratización de la Justicia presentó la demanda que permitió a la Corte dictar el fallo Rizzo para frenar al Gobierno- en esta oportunidad mantiene un muy bajo perfil. Y recién hoy presentará su demanda la Asociación de Magistrados. Algo parecido está ocurriendo en el interior del país. Las quejas de los jueces no se traducen en demandas.
En definitiva, la Corte sabe que tendrá que intervenir y sus integrantes ya dejaron trascender a sus colaboradores que estudiará este tema a fondo, porque será muy firme a la hora de garantizar la independencia de los jueces. Por ahora, sin embargo, no le llegó ninguna causa a estudio..
fuente lanacion